RENUNCIA AL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO

En las circunstancias actuales, es posible la renuncia del titular del ejecutivo federal en términos del artículo 86 de la Constitución General de la República, quien deberá presentarla ante el Congreso de la Unión, mismo que calificará la misma y esta deberá ser por causa agrave.  

Los hechos criminales de Tlatlaya, estado de México, cometidos por miembros del batallón 101, son responsabilidad del Comandante Supremo de las fuerzas armadas, es decir, del presidente Enrique Peña Nieto, si a esto se le suman los hechos delictivos que azotan todo el territorio nacional sobre la población civil  en donde están  implicados  tanto el crimen organizado como elementos de la policía, del ejército y demás dependencias del gobierno en sus tres niveles no es descabellado que el pueblo pida y hasta exija la renuncia del titular del órgano ejecutivo federal.

Es una simulación manifestar en la Carta Magna que el único soberano lo es, el pueblo (Articulo 39) y que todo poder (órgano o institución) se instituye en beneficio del pueblo y que tiene en todo momento la potestad soberana de alterar la forma de su gobierno; mientras que, en la realidad se le escamotea esa soberanía y se le pongan todas as trabas para que haga uso de su poder soberano como ejercicio efectivo en la limitación del poder excesivo, en su omisión, el poner en práctica fines contrarios al bien común del pueblo, en beneficiar a un sector de la sociedad, a extranjeros o no combatir la corrupción, aun alentarla y ponerla en practica tal y como acontece en el presente caso.

Ahora bien, no es suficiente que el titular del ejecutivo federal renuncie en términos constitucionales; al Estado mexicano (Territorio, población y gobierno) le es necesaria una reforma profunda y radical, principalmente respecto al gobierno en sus tres  niveles (Federal, estatal y  municipal), en donde la corrupción y la impunidad se han incubado y de allí infestado a la población para la explotación del territorio con todo lo que tiene sobre y bajo el. En efecto, de poca cosa serviría la sola renuncia del presidente de la República si no se combate a fondo la corrupción mediante leyes efectivas y se le pone coto a los excesos a gobernantes y políticos que se han conjuntado con las grandes trasnacionales para la rapiña de lo público.

Es fundamental que el pueblo tenga, de manera real y efectiva el uso de su poder soberano para  corregir los excesos de gobernantes y políticos, a efecto de evitar la intervención del pueblo de manera violenta, no solo porque poco se logra con medidas armadas ya que llegan los peores tal y como aconteció después de la revolución mexicana, los líderes revolucionarios formaron al tercer intento, el Partido Revolucionario Institucional y se padeció el Priato durante más de setenta años, sistema totalitario y represor.

Se debe definir claramente que los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial no son soberanos sino que el pueblo soberano solo les da atribuciones, facultades o funciones para las tres principales áreas de trabajo: Creación de leyes, Administración pública y Administración de justicia, así como las demás necesarias para el funcionamiento del Estado.

Todo esto no solo es posible sino necesario sin importar lo que piensen los gobernantes, políticos, integrantes de los partidos y las grandes trasnacionales. Toda nación  soberana tiene los fundamentos soberanos, legales, legítimos y la fuerza para someter al gobierno al imperio de la ley. El poder soberano no puede detenerse ante ningún obstáculo que se le interponga, en caso contrario no es poder soberano sino simple poder ordinario.