LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN S. A. DE C. V.

 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN S. A. DE C. V.

 

La historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la historia de la sumisión, por lo menos durante los últimos cien años. Este órgano no era más que, un apéndice del órgano ejecutivo federal. Los ministros durante el Presidencialismo eran designados por el presidente en turno cuando así era menester. Todo el sistema jurídico y judicial estaban diseñados para mantener al pueblo sometido. En la comisión de los delitos el Ministerio Publico tenía fe pública de sus hechos y actos lo que daba superioridad a esta institución en contra de los gobernados. Las garantías individuales eran poco menos que, declaraciones muertas. La prueba reina era la confesión. Lograda esta por los medios más violentos se relevaba a las partes de probar tanto en ámbito civil como penal. Esto apenas y comenzó a cambiar a partir del siglo XXI con la instauración de los derechos humanos.

 

El órgano jurisdiccional nunca se pronunció en contra de los designios del presidente en turno. Le debían los puestos al presidente en medio de una “Dictadura perfecta”. Disciplina férrea. ¿Qué dijeron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las masacres de 1968, 1971 y todas las restantes?. Silencio total. Sumisión al presidente en turno. Ese silencio se pagaba bien a los ministros. Vivian bien y siguen siendo una casta dorada. Los ministros no aportan mucho a la democracia. El peso del dinero los asfixia y su ambición los mantiene en la lucha de sus intereses personales.

 

Ernesto Zedillo no quiso una Suprema Corte de Justicia de la Nación con ministros nombrados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas y de plano desapareció a este órgano el uno de enero de 1995. Durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación permaneció cerrada bajo el argumento de “La jubilación inmediata”. Las protestas reales y viables fueron cero. 26 ministros se fueron a descansar y nombró a 11. Para callar bocas se les dio un trato preferente hasta llegar a los lujos de jeques árabes.

 

Con Andrés Manuel López Obrador los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han vuelto no solo libres sino libertinos. Defienden sus lujos excesivos con argumentos sin bases. Han preferido enviar a los pobres trabajadores de este órgano a una lucha perdida con el carácter de carne de cañón. Esta rebeldía no cuenta con el respaldo social. Está destinada al fracaso. Pero, la mayoría de los ministros son insaciables y seguirán en la lucha por dos razones: Son el reducto en donde se ha replegado el decaído viejo régimen priista y, panista y por la lucha de los privilegios de esta casta dorada.

 

En la práctica de la abogacía se puede uno encontrar muy a menudo a los trabajadores del órgano judicial federal comer tacos de canasta, tamales, tortas y todos los alimentos populares que, consumimos. No es raro entablar una conversación con estos trabajadores para saber las condiciones violatorias de los derechos humanos en las que laboran. Nepotismo, acoso sexual por parte de los secretarios, jueces y magistrados, trato denigrante, jornada de hasta dieciséis horas y la lista es larga. El síndrome de Estocolmo se señorea entre los pobres trabajadores de este órgano. En estas circunstancias no dicen media palabra, pero, los hechos ahí están.

 

Querer disfrazar la extinción de los fideicomisos de lucha laboral es una engañifa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la han convertido en una empresa privada al servicio de la casta dorada y en detrimento de los intereses nacionales. A esa casta no le importa el pueblo ni la justicia sino mantener sus privilegios. La ignorancia campea entre los ministros y se puede probar sin dar lugar a dudas. Es una vergüenza nacional. Este órgano no puede estar por encima del pueblo soberano fuente de todo poder.

 

La democracia no puede avanzar ni florecer sobre los terrenos del viejo régimen ni con los órganos e instituciones al servicio de las ruinas de ese mismo viejo régimen. Es menester abandonar esos terrenos infértiles y esos órganos e instituciones ya obsoletos, pero ruidosos en la hora de su agonía. El riesgo de un golpe de Estado está latente tal y como le ocurrió a Francisco I. Madero durante “La decena trágica” en 1913. Esto no es mera especulación las élites económicas, sociales y políticas nunca descansan en su empeño. La mejor muestra es la actuación del ministro Luis María Aguilar Morales. Con fecha veintitrés de agosto en sesión solemne este ministro propondría la destitución del presidente de la república, pero retiró su proyecto. El pueblo mexicano debe estar vigilante y actuar en consecuencia y en defensa de la democracia con base en su poder soberano.

DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

 

DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

 

En estos momentos dos Senadores, Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y Ricardo Monreal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezan un movimiento para la desaparición de los poderes. ¿Qué es la desaparición de poderes?. Primero se debe señalar el equívoco, no se desparecen “Poderes” porque no hay mas que un poder soberano, el del pueblo de acuerdo con artículo 39 de la Constitución General. Es evidente el error de llamar “poderes” a las “facultades”, “funciones” o “atribuciones” inherentes a los funcionarios públicos de alguna de las entidades federativas. Se trata pues de revocar las “facultades”, “funciones” o “atribuciones” de alguno de los órganos o más de una de las partes del pacto federal para inmediatamente solucionar el conflicto o nombrar

 

Ahora bien, esta medida, la desaparición de poderes tiene como finalidad que persista la unión entre los integrantes del pacto federal y esto es fundamental para entender lo pretendido por quienes promueven tal acto.

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.

 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

 

De la lectura del texto constitucional no se advierte la necesidad del uso de esta facultad exclusiva del Senado para intervenir pues no hay solicitud de alguno de los órganos de gobierno del Estado de Veracruz porque no se ha interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas.

 

Tampoco se acredita la legalidad de crear una comisión para investigar actuaciones en contra de ciudadanos como lo refieren Dante Delgado y Ricardo Monreal. Lo que sucedió fue la detención del Secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Manuel del Rio Virgen por ser imputado de participar como autor intelectual del candidato al municipio de Cazones de Herrera perteneciente al Estado de Veracruz, René Tovar. De lo hasta aquí narrado no se puede concluir la existencia de una de las hipótesis señaladas en el articulo 76 fracción VI de la Constitución General.  

 

Si existe lo siguiente. Con fecha veintidós de diciembre fue detenido José Manuel del Rio Virgen, Secretario de la JUCOPO y amigo íntimo y aliado político de Dante Delgado y de Ricardo Monreal. De otra manera no se explica la actuación de ambos senadores al amenazar a los titulares de los órganos de gobierno de Veracruz con la revocación de sus facultades constitucionales o lo que pomposamente llaman “Desaparición de poderes”. Saben ambos senadores no estar en condiciones de lograr su objetivo, pero muestran su ambición desmedida y tienen la esperanza de liberar al imputado a través de estas amenazas. Lo que no se les debe conceder. Basta de políticos que a toda costa buscan la impunidad en lugar de la justicia y la inocencia plena.

 

Si Dante Delgado, Ricardo Monreal y José Manuel del Rio Virgen mas los que se sumen creen en la inocencia del imputado y sostienen arbitrariedad de los tribunales del Estado de Veracruz tienen los tribunales federales para interponer el juicio de amparo correspondiente y pedir formalmente el amparo y protección de dichos tribunales.

 

En efecto, si el imputado es inocente debe probarlo ante el juez de la causa penal y se debe emitir la sentencia que lo absuelve de las acusaciones que le imputan. Ese es el camino y no otro. Imaginen que sigan existiendo funcionarios públicos por encima de la ley. Es inaceptable. Por ello, el pueblo debe tomar nota de los nombres de estos tres funcionarios públicos: Dante Delgado, Ricardo Monreal, José Manuel del Rio Virgen más cómplices para no votar por ellos y expulsarlos de la vida pública y política. Porque ¿Qué hacen estos tres juntos?.  

P.G.R. (PROCURADURÍA GENERAL DEL RIDÍCULO)

La orden de presentación que dice, la Procuraduría General de la Republica, ha despachado para que se presente o sea presentada Kate del Castillo-Negrete Trillo, a declarar como testigo en la investigación que hace la dependencia federal, respecto de sus nexos con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, da la impresión de ser un anzuelo para ver si la actriz cae en sus redes y se le inventa un delito y se le enjuicia al más puro estilo priista. No se tienen los hechos concretos, precisos que se dice, se investigan ni las pruebas claras y precisas que tiene la Procuraduría Federal; sin embargo, si se tienen los indicios que hacen sospechosa la actuación de la fiscalía. Ya se sabe cómo se las gasta el gobierno mexicano en el rubro de la justicia.

Primero, Kate del Castillo tiene la nacionalidad estadounidense por naturalización, es decir, si no sale del territorio nacional no podrá ser detenida y presentada, directamente por elementos de la policía mexicana ante la Procuraduría General de la Republica; segundo, si hubiera cometido algún delito como el de lavado de dinero, ya la estaría investigando su gobierno; tercero, la actriz debe declarar como testigo por escrito y no declarar o no si cambia su situación jurídica a indiciada (sería bueno que se reserve su derecho a declarar de acuerdo al artículo 20 constitucional), en virtud de ser el sistema mexicano acusatorio adversarial, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, decir, la Procuraduría debe investigar y presumir la inocencia de la ciudadana estadounidense, cuarto, esa declaración o no debe hacerla ante el consulado que le corresponda o elija y la debe hacer por escrito. Se debe tener en cuenta que las embajadas y consulados son parte del territorio mexicano.

No es buena para investigar la Procuraduría pero, si para poner cebos y aplicar la consabida “Agárralos, después averiguas”, que una calca del “Mátalos en caliente, después averiguas” de la dictadura de Porfirio Díaz; y, este gobierno es hijo directo de aquella dictadura; no por otra cosa Mario Vargas llamó al Priato: “La dictadura perfecta”, que resultó no ser tan perfecta. La perfección a la que se refiera Vargas Llosa tiene una connotación negativa, y se refiere a todo el entramado por medio del cual un sistema político, jurídico y legislativo sigue funcionando con apariencias de legalidad, legitimidad y democracia.  

Un gobierno que se vale de mañas, patrañas, celadas, traiciones, montajes y de todos los métodos más viles, apartándose, evidentemente, del marco jurídico vigente y que se debe dar un giro de 180 grados para llamarse propiamente justo. El citatorio que le hacen a Kate del Castillo es burdo, infantil y ridículo y pretende servir para que, si se presenta a declarar o no la ciudadana estadounidense, esta, por cualquier medio sea detenida y se le imputen los cargos más falsos pero efectivos para enviarla a la cárcel. Cientos de ciudadanos dan testimonio con sus detenciones arbitrarias y mantenidos en cárceles para quebrantarles la voluntad y mermarlos físicamente hasta su postración. Ese mismo sistema seguía Porfirio Díaz. No es una casualidad. Una procuradora cuestionada por sus nexos con Televisa no debe seguir en la dependencia. No debe haber la mínima sospecha de que la investigación se ordena desde la televisora. Quizá sea inútil la denuncia en la realidad dado que se tiene la certeza de haber sido, el presidente de la república por dicha empresa. ¡Qué tiempos, que costumbres!.

CRIMEN DE ESTADO. FUE EL ÓRGANO EJECUTIVO

El Estado se compone fundamentalmente de tres elementos A).- Gobierno compuesto por tres órganos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a cada uno le corresponde; al primero crear leyes fundamentalmente, al segundo administrar lo público y al tercero, aplicar la justicia; B).-  El territorio y C).- La población. No entraré en los demás componentes del Estado por no ser tema del presente y para mayor comprensión. Ahora bien, en el caso de Ayotzinapa, los que intervinieron en la muerte de varios jóvenes y la desaparición de 43 con sus aristas, es el órgano Ejecutivo; el presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca por acción, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero por omisión y el presidente de la Republica por su omisión y directamente y por ser el comandante supremo de las fuerzas armadas que, no intervinieron en la protección de los estudiantes. Esto con la colusión del presidente de Iguala con el narco; es decir, no todo el Estado es responsable del crimen en comento; más aún, ni siquiera es responsable todo el primer elemento (A).- Gobierno) del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), sino solamente el órgano Ejecutivo en sus tres niveles, Federal, estatal y municipal. En efecto, por ello la responsabilidad se le ha imputado al presidente de Iguala, de entonces, José Luis Abarca, al gobernador, de entonces, Ángel Aguirre y al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto.

La responsabilidad en Derecho es, la base de la culpabilidad para que el imputado sea culpable. Saber quién o quienes sean los responsables en determinados actos delictivos es importante, fundamental para saber quién o quiénes son los culpables. En el presente caso se debe delimitar la responsabilidad al órgano Ejecutivo en sus tres niveles para no divagar o para no ser concretos y responsabilizar a la generalidad sino a personas concretas según su responsabilidad para saber su culpabilidad.

No fue el Estado en su generalidad sino el Gobierno en su parte ejecutiva en sus tres niveles y con funcionarios concretos. A ninguna persona enterada se le ocurriría u ocurrirá imputarle responsabilidad al territorio o, a la población ya que sobre el primero se cometieron los actos ilícitos y la población no participó.

EL ESTADO (TERRITORIO, POBLACIÓN Y GOBIERNO)

El Estado moderno como invención humana de convivencia nació con el liberalismo económico y ha pasado por la Post modernidad y se encuentra actualmente en la Híper modernidad. Cada uno de estos periodos tiene sus características propias que lo definen en cada estadio. En México no se ha  hecho una adecuación del Estado a las necesidades actuales y sigue con las mismas características de antaño incluso se desconoce habla del mismo confundiéndolo  ya con una de sus partes o con el gobierno. 

El Estado, por regla general, está compuesto por un Territorio y como parte del mismo, se consideran los barcos, aviones, embajadas, consulados etc; la población permanente y sujeta de derechos y obligaciones constitucionales y sus derivados y un gobierno que, en caso de México tiene tres niveles, el Federal, el estatal y el municipal. A estos componentes se les debe agregar todos los organismos e instituciones creadas por las leyes constitucionales y secundarias. 

Ahora bien, cuando el gobierno en alguno de sus tres niveles comete un delito hay responsables directos e indirectos; los primeros son aquellos que prepararan  intelectualmente y los que los ejecutan materialmente; puede ser que  una misma gobernante o funcionario público o grupo de gobernantes conciba o conciban y a la vez ejecuten los hechos criminales y  entonces si se les demuestra su responsabilidad serán culpables (la responsabilidad es la base de la culpabilidad. Ahora bien, son gobernantes aquellos que tienen dirección de mando  y son electos directamente y funcionarios públicos los que tienen simple designación y pueden ser sujetos de juicio político los que así señala la misma Constitución y a juicio castrense o ante los jueces del fuero común o federal los que no caigan dentro del primer  grupo. 

En el caso de México, no es el Estado en su conjunto el que comete los delitos, así de manera general, vaga; no, también aquellos gobernantes y funcionarios que tienen la obligación de actuar en defensa de la población son responsables por no actuar de acuerdo a sus atribuciones, facultades y funciones. Así, la responsabilidad y culpabilidad los gobernantes es por acción o por misión; la primera es, cuando conciben y participan en hechos delictivos y la segunda, cuando no actúan para salvaguardar la integridad física o salvar la vida de la población; tal es el caso de las fuerzas públicas o el ejército, las fuerzas armadas o la marina según corresponda el caso. 

En el caso de las fuerzas públicas corresponde a cada alto mando federal, estatal o municipal la responsabilidad del actuar de las mismas; es decir, al Presidente de la República, a los gobernadores o a los presidentes municipales. El mando es vertical y por ende, la responsabilidad y en cada caso se debe atribuir la culpabilidad según lo macan los Códigos de Defensa Social y otros ordenamientos correspondientes. 

Con relación al ejército, la marina y todas las fuerzas armadas corresponde el mando y la responsabilidad al Presidente de la República y  la culpabilidad se debe atribuir según lo marca la Constitución y el Código castrense. El mando es vertical y va del Jefe del Ejecutivo al más modesto soldado, marino, de la fuerza aérea y a cualquiera que esté sujeto a esta normatividad. Por ende el Presidente no puede estar libre de responsabilidad y en su caso de culpabilidad. 

Por todo ello, es incorrecto decir que, es el Estado en general el que comete los hechos delictivos; es o son los gobernantes y/o funcionarios que participen de manera intelectual y/o material los responsables y culpables de los delitos. De manera correspondiente la responsabilidad es atribuible a los altos mandos ya que, el mando es vertical y no horizontal, es decir, no se mandan solos los inferiores. 

Por lo que sería bueno que se fueran atribuyendo la responsabilidad y la culpabilidad a los  gobernantes y funcionarios públicos involucrados en los crímenes  cometidos por ellos mismos. 

Por otro lado, la población debe asumir su responsabilidad  cívica de participar en política para  poner coto a los excesos u omisiones de los gobernantes, funcionarios y políticos. 

En cuanto al Territorio, este, evidentemente no comete delito alguno  por su falta de voluntad  humana y solo es, donde tiene imperio y soberanía (aunque muy disminuida el pueblo a través de los órganos designados para su solo ejercicio. 

Finalmente, se debe decir que le Titular del Órgano Ejecutivo es solo el representante del Estado mexicano dentro del Derecho Público Internacional, pero no el estado mismo, eso sería Absolutismo  a la manera de Luis XIV, quien no tenía empacho en manifestar: “L’ETAT, C’EST MOI”, “EL ESTADO SOY YO”.  

ESTADO PSICOLÓGICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Desde que se dio a conocer la “Ley Bala”, el gobierno del Estado de Puebla nunca pudo justificar el uso de armas letales en contra de manifestantes. No obstante, los argumentos flacos del gobierno, el Congreso de Puebla, aprobó dicha ley a pedido del gobernador. Es sabido que el gobernador en turno tiene a su disposición a los otros dos órganos (Legislativo y Judicial), aunque se diga que hay independencia. Por si fuera poco tiene bajo su control al Partido de la Revolución Democrática, partido que llevó a Rafael Moreno Valle al gobierno. Este favor se los pago relegándolos a segundo y hasta el tercer plano. Es muy significativo que en el 25 aniversario del PRD los panistas de Puebla hayan estado en primera fila, festejando con gran entusiasmo. Hoy el PRD ni es gobierno ni es oposición. Triste situación. En este contexto comprobable, se colige la inexistencia de la democracia.

En la preparación de su campaña para su candidatura el actual gobernador, realizó todo tipo de hechos, actos con estrategias tendientes a posicionarse como el candidato a la presidencia de la República. Si el gobierno federal tiene su loca carrera por privatizar, el gobierno de Puebla no se queda atrás; el transporte y el agua son dos ejemplos de ello. Por si fuera poco les quitó a los presidentes auxiliares las facultades sobre la seguridad pública y el servicio del Registro Civil de las Personas. En vista de protestas se publicó la llamada “Ley Bala”. La práctica de dicha ley se llevó a acabo el día nueve de julio de dos mil catorce con el asesinato de un menor en Chalchihuapan, Puebla.

Las explicaciones del gobierno han sido un desastre que ninguna persona en su sano juicio cree. Las protestas y denuncias contra el gobierno de Puebla han calado hondo. Ante este hecho, Rafael Moreno Valle procedió a criminalizar a los pobladores agredidos y que a su vez agredieron a la fuerza pública. Las discordancias entre las declaraciones del procurador y el propio gobernador son evidentes y restan cualquier credibilidad al gobierno.

No son hechos aislados los excesos de autoritarismo por parte de Rafael Moreno. Cualquier persona o grupo que se oponga o critique al gobernador es, inmediatamente puesto en la lista de criminales que deben ser puestos tras las rejas. La lista es larga y seguirá creciendo.  La situación política es precaria para el gobernador y en aras de seguir detentando el poder, el mismo ha ordenado al Congreso de Puebla, la derogación de la “Ley Bala”. Pero esto solo es lo público. En las redes sociales se ha desatado una campaña mediática con declaraciones de policías heridos y toda clase de justificaciones del proceder de Moreno Valle en el operativo en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. ¿Quién paga esta campaña?, de manera indiciaria debe ponerse a quien se beneficia, es decir, al gobernador.

El estado psicológico del gobernador de Puebla es, en general, la de un tirano; soberbio, egocéntrico, adicto al culto de la personalidad, banal, vanidoso y con una percepción de la realidad fuera de toda vivencia y razón, siempre alejado del pueblo desconoce lo mínimo de la realidad social. Para Moreno Valle lo único que cuenta es, la construcción de su candidatura para la presidencia de la Republica en las próximas elecciones presidenciales del 2018 y que ha tratado de construir con dinero público, mismo que gasta a raudales y sin rendir cuentas claras.

El estado psicológico concreto de Rafael Moreno Valle, en estos momentos nos lo da toda la campaña que ha desplegado el gobierno para tratar de minimizar los daños que pueda recibir su administración. En primer término está la criminalización de los pobladores de Chalchihuapan, Puebla. Cuando esto no funcionó puso en marcha toda una campaña en las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación para desviar la atención del pueblo. Las explicaciones que ha dado su gobierno tiránico no ha logrado evitar tapar la verdad, con la “Ley Bala” se puede matar impunemente. El propio Rafael Moreno Valle se ha dado cuenta de su monstruosidad. Su estado psicológico no es de reflexión y arrepentimiento sino de soterrada estrategia para no ser responsable por la muerte del menor ni de cualquier otro efecto por su mal gobierno. Si Mario Marín horrorizaba por su cinismo, Moreno Valle lo supera por su cinismo frio. Solo le importa su candidatura, tiene esa idea fija porque cree estar destinado a ser otro iluminado. El gobierno de Puebla hace uso sistemático de la mentira como verdad, reforzada por una campaña mediática. Esta patología nos da la pauta para avizorar el tamaño de su enfermedad mental y su ambición extrema apoyada en métodos fascistas.  Sin embargo, su proceder nos muestra que es un sociópata empedernido. Si se hiciera un estudio libre de toda coacción se vería que en México hay sociópatas, psicópatas y toda clase de enfermos mentales y desviados que no tienen la mínima empatía para con el pueblo. Uno de ellos gobierna el Estado de Puebla.

PEDRO JOAQUÍN CODWELL Y EL PRIISMO UNA Y MISMA COSA

Dice Pedro Joaquín Codwell, Secretario de Energía, a través de  Víctor Avilés personero de Codwell que no infringe ninguna ley, teniendo acciones en las concesiones sobre gasolineras y siendo el Secretario de Energía. Esto es lo que dicen:

La Secretaria de Energía afirmó que “la participación accionaria del Secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno”, lo anterior debido a que “se trata de derechos accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009, con anticipación a su nombramiento como Titular del Ramo de Energía.” Animal Político. 21/05/14.

No hay duda de que existe conflicto de intereses, sin importar cuando adquirió Codwell las acciones junto con su familia con relación a las concesiones de gasolineras; siendo Secretario de Energía tiene información privilegiada que no tienen los demás concesionarios y la puede usar para su beneficio. Se necesita ser muy inocentes para creer que no hay conflicto de intereses en este feo asunto más cinismo extremo por parte de Codwell y todo el priismo.

Los priistas tienen un doble y hasta triple discurso. Por un lado dicen trabajar por el pueblo y entre más gobiernan más pobres generan. Por otro lado, se sirven del actual marco jurídico injusto para el pueblo y a modo para los priistas para hacerse de dinero a cargo del erario.

Los gobiernos tiránicos en todo momento justifican su rapiña sobre los bienes nacionales o sobre la libertad o cualquier cosa que quieran justificar, diciendo que no quebrantan el marco jurídico y en efecto, no quebrantan la ley y sin embargo, eso no significa que sea correcto. Los fascistas y los nazis, por poner dos ejemplos, nunca rompieron el marco jurídico vigente, desde su punto de vista, y, no obstante iban en contra no solo de sus gobernados sino en contra del resto de Estados nacionales, querían el poder absoluto. En el caso priista se sigue la misma regla. Codwell, desde su punto chato de vista, no quiebra un solo plato; con todo, primero se pone en situación privilegiada con relación a los demás concesionarios y en contra del pueblo mexicano al ser Secretario de Energía y concesionario.

¿Cuántos mexicanos pueden estar en la situación privilegiada de Codwell?, ninguno, solo él; sostener que no hay una situación anómala es declararse cínico nacional. Pero no solo él, se beneficia sino también su familia. ¿Cuántas familias en México pueden se pueden dar el lujo de tener como pariente al Secretario de energía?, ninguna solo la familia de Pedro Joaquín Codwell.

Ahora bien, Pedro Joaquín Codwell es artífice del priismo más rancio y de la legalidad más cómoda para el priismo. De esta manera los intere4ses de Codwell y los intereses del priismo se funden y confunden a tal punto de ser una y misma cosa. En efecto, esta legalidad que permite tal mar de confusiones en donde se puede navegar impunemente, no puede ser benéfica para el pueblo y debe cambiarse para bien común y dejar que unos cuantos sean beneficiarios del sistema jurídico a modo para los gobernantes y políticos. 

IMPUNIDAD POLÍTICA

En México el peculado (la apropiación de lo público que se tiene deber de bien administrar), es un delito no grave y como no es grave los gobernantes y políticos se dan día a día un banquete; a sabiendas que saldrán libres.

La clase política de todos los partidos se han puesto de acuerdo para que el peculado no sea grave, es decir, se han vacunado contra de la aplicación de la ley. Aquí reside la base de la corrupción ya que al saberse que no es grave se deja en libertad y hasta se fomenta el delito de peculado. Se sabe públicamente que la gran mayoría de políticos mexicanos entran a la política para hacer de lo público un botín. Y, cuando llegan se dan cuenta plena que han llegado al paraíso de la impunidad. El resultado es una clase política corrompida que simula la aplicación de la justicia para ellos.

El delito de peculado debe ser grave; primero, para frenar este delito generalizado, que lo practica desde el presidente de la Republica hasta el presidente del municipio más pobre de México; segundo, para imponer la legalidad y la justicia en el ámbito político; tercero, por la simple razón de que es el erario es del pueblo y no a disposición de unos pocos; cuarto, para empezar a combatir efectivamente la corrupción.

Esta debe ser una exigencia popular. Un día si y el otro también, nos enteramos de peculados que rondan cantidades como $38,000.000.000.00, $20,000.000.000.00 en los mejores caso o solo $10,000.000.00 para presidentes municipales en una sola operación delincuencial. 

Ahora bien, no se crea que con solo legislar que el peculado sea delito grave ya se solucionó el problema; no, el político mexicano tipo, es un experto en mil artimañas para hacer de la ilegalidad una impunidad. Es menester que el pueblo este en todo momento vigilante y exigente en la aplicación de la ley penal y aun, así los políticos y gobernantes no cejaran en sus intentos de allegarse ilegalmente lo público.