Existe
un gran problema en la implantación del Neoliberalismo (La privatización de los
bienes y servicios públicos), en México, a sus impulsores y beneficiarios
(Gobiernos, políticos y grandes trasnacionales) no les importa, a pesar de
saber, que esta práctica económica solo tiene como objetivo la ganancia en todos
los rubros con consecuencias desastrosas sin ningún control. En los servicios públicos
se hacen grandes negocios en los cuales están
involucrados gobernantes y políticos de todos los partido; en la minería pasa
lo mismo pero con la contaminación y devastación de la naturaleza; en la explotación
del petróleo el panorama es lo mismo con la contaminación del campo y ahora con
la toma por la fuerza pública de los predios en donde se perfore; es evidente
que son insuficientes y limitadas, tanto las leyes regulatorias como los organismos
e instituciones que deben aplicar las mismas leyes. Esto permite que
gobernantes, políticos y grandes trasnacionales rapiñen todo lo público y todos
los negocios sin el temor de ser juzgados
y en su caso solo pagar multas combatibles legalmente.
La
imposición del Neoliberalismo sin el saneamiento de la política mexicana es un
gran error y este saneamiento pasa por
reformas estructurales profundas del estado mexicano y no solo en su parte económica
(Las reformas de Peña Nieto), sino cambiando
y dando las facultades a los órganos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), e
instituciones federales acordes a una verdadera democracia (el poder de las mayorías),
sin olvidarse de las minorías tanto burguesas como de los diversos grupos y pueblos
indígenas (que no indios), más desprotegidos; a los primeros para que no se
coloquen en situación de privilegio y los segundos para que no queden fuera de
los beneficios y oportunidades que los demás gozan.
Estas
reformas deben determinar claramente que en el Estado mexicano no existe en la
realidad la “división de poderes” ni “los pesos y contra pesos” en virtud de
existir solo en lo formal, en palabras pero no en la práctica. En la realidad y
aunque los gobernantes, políticos y los dueños del gran capital, son
fundamentalmente los únicos beneficiarios de este sistema político y económico,
los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial han logrado un diseño ajeno a la teoría
de Montesquieu y creado un sistema propio en donde existe una intensa Unidad y colaboración
entre los órganos, instituciones y demás dependencias tanto federales como
estatales y municipales. Basta con ver la Unidad con que trabajan los órganos y la colaboración
entre los mismos en el desarrollo de la administración y la impartición de
justicia. Ordenes, exhortos, oficios y toda clase de documentos y actuaciones
son emitidas y cumplidas en intensa colaboración entre los órganos, instituciones,
institutos y demás dependencias del gobierno. Esto, sin embargo, no beneficia a
las mayorías ni existe justicia dado a
la falta de democracia en el gobierno y la impunidad para gobernantes, políticos y burgueses es
amplia.
No
solo se trata de poner coto a los excesos de gobernantes, políticos y burgueses
y tampoco de imponer la democracia sino de racionalizar la vida y cuidar la
naturaleza, la explotación minera, la petrolera, las relaciones de trabajo y la
vida sana de la nación mexicana en general y que todo individuo tenga oportunidad
de ganarse la vida por su propio esfuerzo y trabajo. No es una casualidad que
existan carteles de narcotraficantes, en general estos han salido como producto
de la pobreza generada por los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
conforman una Unidad para bien o para mal y ha resultado lo primero.
Por
todo ello, se deben reformar los órganos Legislativo, ejecutivo y Judicial para
responder a los intereses generales y no principalmente los intereses particulares
de ellos mismos, de los políticos y de las grandes trasnacionales. Por otro
lado, se debe tener en cuenta que los gobernantes en México no solo no tienen
ya la fuerza para regular las actividades de las grandes trasnacionales sino
que han sido sometidas por las mismas, en consecuencia han dejado a las
personas en el desamparo e híper individualizadas para afrontar el sistema político
y económico; por lo que es necesario que se le den, en la realidad y de manera
efectiva, instrumentos y figuras jurídicas para que intervenga organizado y haga
uso de su soberanía en contra de los excesos de estos tres grupos coaligados
(gobernantes, políticos y trasnacionales). Sin estos requisitos el pueblo seguirá padeciendo
toda la carga, impuestos, saqueo, rapiña, injusticias sin tener otra cosa a
cambio que la intervención violenta, el camino de la delincuencia, la pobreza
en todos sus tipos y la marginación en la vida.
La
actual impotencia e ineficacia del gobierno en sus tres niveles de gobierno es resultado de su
flaqueza y corrupción. Este gobierno pensó
que con solo privatizar lo público iba a
lograr sus propósitos de bienestar con
grandes ganancias y fiesta nacional de allí y para siempre. Incluso los ciegos
de la revista Time vieron un Nuevo Padre de la Patria en Enrique Peña Nieto y no dudaron en concederle la portada de su
revista con la leyenda “Saving México”, (Salvando a México). Adictos al
Neoliberalismo los gobiernos extranjeros, el Fondo Monetario Internacional y las grandes trasnacionales tampoco dudaron en
ponerlo como un Salvador de México y el
mismo Peña Nieto se creyó semejante mentira.
Los
casos de Tlatlaya, estado de México y el de los estudiantes asesinados en
Iguala, estado de Guerrero, mostraron las profundas limitaciones del gobierno
en sus tres niveles de gobierno y lo primero que quisieron hacer fue, ocultar y
distorsionar los hechos delictivos cometidos por el propio gobierno y sus
dependencias. Tuvo que intervenir los medios de comunicación y el pueblo para
que se hicieran públicas ambas masacres; la primera cometida por el ejército
sujeto o debería estar sujeto al comandante supremo, es decir, Enrique Peña
Nieto y la segunda, por órdenes del entonces presidente Municipal, José Luis Abarca
ante la permisividad del entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre que
neciamente se negaba a irse del gobierno pero que ante la presión nacional e
internacional dejo el cargo.
Ante
esto la pregunta salta ¿Cómo es posible que, Peña Nieto, sea tan buen
privatizador pero tan mal gobernante para encontrar a los cuarenta y tres
estudiantes desaparecidos a pesar de
tener media Procuraduría General de la República en su búsqueda?. Es
evidente que, Peña Nieto ni fue ni es el Salvador de México ni podrá serlo. Se
debe olvidar de ese plan guajiro de Mover
a México, de la Cruzada Nacional contra el Hambre y todos sus lemas que son
llamativos en la publicidad pero totalmente ineficaces en la realidad. Todo ello
no fue más que una loca utopía construida por los priistas, secundada por los
panistas y perredistas y ensalzada por extranjeros que desconocen la
realidad mexicana.
Las
manifestaciones del pueblo y la solidaridad de las naciones extranjeras no
cesan y deberían ser la base para la transformación de los tres principales órganos
de gobierno (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y democratizar el poder político
y poner coto a la avaricia desmedida de las grandes trasnacionales. El pueblo
no debe cejar en la implantación de la democracia. Si este movimiento fracasa
pasaran décadas para que se vuelva a presentar otra oportunidad.
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