Los
políticos, en su gran mayoría, no son cultos ni tienen la educación académica mínima
requerida para ejercer las funciones que son inherentes a los cargos públicos. Sin
embargo, son labiosos a más no poder. Los sofistas se ruborizarían al oírlos y
ver toda la gama de aspavientos que hacen en cualquier declaración que hacen.
El
gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, ha declarado que Michoacán no es
un estado fallido. Con ello trata de justificar una estela de malos gobiernos,
incluido el de su antecesor y el suyo propio, que se han coludido o han sido permisivos
con la delincuencia organizada. No es posible justificar la debilidad del
gobierno de Michoacán con meras palabras, la realidad refuta lo que dice el
dicho gobernador. Los enfrentamientos, las emboscadas, la quema de vehículos y
por sobre todo los muertos que deja este enfrentamiento del crimen organizado
no dejan lugar dudas del precario estado
en que se encuentran las autoridades de Michoacán. Simplemente los tres niveles
de gobierno no pueden someter al Estado de Derecho a los criminales, estos son
los verdaderos mandones.
Ahora
bien, los estados integrantes del pacto federal para su existencia deben por lo
menos tener tres elementos en la teoría clásica: territorio, población y
gobierno. Dentro del gobierno están incluidos los órganos legislativo,
ejecutivo y judicial. Michoacán cumple con estos requisitos, es decir, tiene
existencia; mas no consistencia, es decir, que esa existencia no tenga contradicción.
En el caso del gobierno de Michoacán, este, está lleno de contradicciones.
Desde las declaraciones de su gobernador hasta las acciones de gobierno y en
especial de seguridad pública, donde francamente no puede dar protección a los
afectados y sanción a los infractores de la legalidad.
De
todo lo anterior, bien se puede colegir que si bien Michoacán no es un estado
fallido si es un estado falloso. El ontos (ser, existencia) de Michoacán no
puede ponerse en duda pero si su consistencia que le falla a los habitantes
cada vez que así lo deciden los criminales ante la impotencia gubernamental.
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