Es
totalmente inaudito que un único funcionario público o institución ponga y se
imponga por sobre el pueblo mexicano, alegando legalidad, para que no se
destine dinero de los partidos a los damnificados o, del presupuesto sosteniendo que se cometerían
delitos. Esto es inaceptable, si el pueblo es el soberano, sostener que,
destinando dinero para los damnificados es ilegal, sería tanto como que, un
servidor del pueblo, un subordinado se pusiera por encima de la soberanía popular.
Esto pasa con Lorenzo Córdova que amenaza con este argumento. La soberanía es
la base de toda estructura estatal nacional y de la legalidad. La voluntad
general está por encima de la voluntad particular o de grupo.
La
emergencia no puede admitir demoras u obstáculos puestos por legalismos
dependientes de un solo funcionario o institución, las personas, su bienestar
son prioritarios por encima de toda ley pues son parte del pueblo soberano.
Ante el poder soberano no debe existir ni permitirse obstáculo alguno para
alcanzar los fines generales del pueblo pues en caso contrario el pueblo soberano
sería una ilusión.
Todo
funcionario público, iniciando con el presidente de la república, deben
someterse a la voluntad general; no por otra razón se le llama “El primer
mandatario”, es decir, el primero que debe obedecer la voluntad del pueblo. Es
cierto que, en México las circunstancias están el revés pero eso se debe
revertir en beneficio de los gobernados.
En
resumen, ya cualquier funcionario público se siente y actúa como si fuera el
verdadero soberano del Estado mexicano, decidiendo como se debe usar el
presupuesto, los bienes y servicios públicos sin reparar en que es un empleado
del Estado y por ende, del pueblo soberano. Esto debe cambiar imponiendo
sanciones ejemplares a todos aquellos que se erijan como soberanos. En caso
contrario, lo público seguirá degenerando y el pueblo padeciendo a los más
tontos entre los tontos.
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