Hasta
finales de los años setentas del siglo pasado duró la época en que los políticos
tenían preponderancia en la política pero
a inicios de la siguiente década el Neoliberalismo se impuso y con la caída del
Muro de Berlín y su consecuencia inmediata, la desaparición de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, consolidó su éxito. Entonces, los empresarios supieron
que era su hora de iniciar su pleno dominio sobre el Estado en general y en la política
en particular. Los políticos tradicionales también supieron que habían perdido
su importancia y que, en adelante tenían que volverse los instrumentos de dominación
de las grandes trasnacionales para dominar a los pueblos.
En
México eso pasó exactamente y, los políticos sabían que para ellos también se abrían
enormes oportunidades de entrar en el jugoso reparto de lo público. Se intensificó
la campaña de desprestigio hacia las empresas paraestatales hasta que se logró
privatizar todo lo público con las reformas llamadas estructurales de Peña
Nieto en el 2015.
Ahora
bien, para la privatización con toda la corrupción posible era necesario que
toda una burocracia que fuera afín a las privatizaciones con nexos firmes con
el sector privado cuando no que pertenecieran a la misma. No pasó mucho tiempo
en que se vieran empresarios liderando órganos, dependencias, institutos,
fideicomisos públicos para asegurar que se privatizara lo público con todas las
apariencias de transparencia, legalidad y legitimidad mientras se ocultaban y
ocultan contratos, datos, circunstancias de cómo se asignaban licitaciones a
modo cunado no obra de forma directa sin licitación para cómplices, amigos,
parientes, prestanombres, testaferros nacionales e internacionales pues todos
tienen un único interés: saquear lo público para volverlo privado.
En
efecto, la enorme corrupción liderada desde Los Pinos por Enrique Peña Nieto,
se ha desbordado por todo el gobierno e sus tres niveles y, todos los
funcionarios públicos se sienten con el derecho de participar en el saqueo
maquillado de transparencia, legalidad y legitimidad de lo público en mancuerna
con la iniciativa privada. Todo esto dentro del marco jurídico francamente laxo
para poder aplicarse en contra de los corruptos de cualquier bando. Esto
apuntalado por las fiscalías tanto del ámbito federal como del fuero común que están
sujetas al órgano ejecutivo federal o estatal y de esta manera están impedidos para
investigar. Por si esto fuera poco todavía está el dique infranqueable del órgano
judicial que también está sujeto al presidente de la república en el ámbito federal
y en los gobernantes en el fuero común para dictar sentencias absolutorias, de desvanecimiento
de datos, no cumplirse con los requisitos de los artículos 14 y 16
constitucionales y todas las argucias ya bien conocidas y por conocer.
Todo
un plan perfectamente articulado por los políticos para volverse ricos en tan
corto tiempo y seguir cobrando los enormes salarios por ser viles sirvientes de
las grandes trasnacionales y de cualquier granuja o arribista que les prometa
pingues ganancias personales con toda la impunidad posible a menos que por cuenta
y riesgo se vaya más allá de los límites tolerables. De todos modos los más
corruptos cuentan con el fuero, con las complicidades, con los recursos económicos
mal habidos para pagar sobornos y defensas adecuadas, con la laxitud de las
leyes, con los jueces a modo en su mayor parte como para salir bien librados en
su libertad personal aunque con la reputación destrozada pero la reputación vale
poco ante el poder de lo material logrado.
Todo
esto no tiene como inicio de la corrección de tan lamentable estado de
circunstancias en lo político y judicial la redención de los políticos tradicionales
sino la participación de los ciudadanos organizados para que, se inicie el
corte del flujo de corrupción e impunidad que alimenta las conductas delictivas
y, de simulación de los funcionarios públicos. La invasión de empresarios en el
gobierno debe controlarse y castigarse a los políticos tradicionales que se vuelvan
cómplices o ya lo sean. No hay retorno al viejo sistema sino el empuje de los
ciudadanos para contener a estos lobos feroces que van por lo público. No les importa que se presten servicios públicos de buena calidad sino la mancuerna privatizadora que hacen con la iniciativa privada para que, privatizados los bienes y servicios estos sean fuente de mas riqueza para este duo perverso.
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