Se
decía, antaño, que el Derecho Penal únicamente se aplicaba a los pobres por no
poder pagar un buen abogado, a las putas, no por su actividad misma sino porque
la moral de la sociedad ha impuesto un estigma al trabajo sexual y, a los
pendejos, es decir, a los ignorantes que al no saber sus derechos no está en aptitud
de reclamarlos. Bien, ese es el viejo sistema penal que culpaba antes de juzgar;
en el caso actual podría decirse que se ha erradicado esta vieja práctica; se
intenta pero, el presidente de la república hace y deshace a su antojo, siguiendo
los viejos usos en el ámbito federal; en el ámbito de los estados y la Ciudad
de México, son los gobernadores y el Jefe de Gobierno los que tienen bajo su
voluntad personal al ministerio público con lo que tuercen la investigación de
los delitos a su antojo.
El
actual caso de JAVIER DUARTE DE OCHOA está a punto de pintar en su totalidad el
sistema judicial en boga en México, para el conocimiento de la mayoría y, en
consecuencia, nos decidamos a terminar todo el régimen
político-económico-jurídico por ser ya inútil para formar el nuevo Estado híper
moderno.
Contra
los luchadores sociales o quienes sean disidentes o críticos Peña Nieto lanza
todo el aparato del Estado para iniciarles juicios severos y hasta inhumanos
con tal de mantenerlos en prisión y callar sus voces críticas. Para sus
cómplices Peña Nieto tiende una alfombra roja para que los indiciados como
Duarte digan: “Que se inicie el Show. Cámara, luces, acción”. Esta simulación
debe terminar y eso únicamente los ciudadanos pueden hacerlo.
Para
enrique Peña Nieto el Derecho Penal es aplicable únicamente a los pobres, a las
putas y, a los pendejos porque para sus cómplices está el sistema total al
servicio de los más corruptos. De sus integrantes de sus partido o expulsados
que, es una simulación. Mientras no se cambie esta dependencia de los ministerios
públicos o fiscalías, en ambos ámbitos la investigación de los delitos seguirá siendo
a capricho de los gobernantes.
Por
si esto fuera poco, el presidente de la república en turno y los gobernantes de
las entidades federativas también tienen bajo su mando a los órganos judiciales; es decir, los
gobernantes son de facto jueces y parte durante las investigaciones de delitos
y durante el desarrollo de los juicios; es bien sabido que hay jueces de
consigna que tienen órdenes de no dejar salir a los imputados y procesados
hasta no doblar sus voluntades para que dejen de ser críticos del gobierno o
dejen la lucha social. Pero también hay ministerios públicos de consigna que investigan
e inventan delitos a quienes son estorbos para el gobierno en turno. Por si
esto fuera poco se puede hacer lo contrario, no investigar o investigar e
integrar mal las carpetas de investigaciones para que durante los juicios
puedan salir libres o sean exonerados de todos los delitos o estos sean
clasificados como no graves. Hasta ahora así ha funcionado el ministerio público
y el sistema judicial. Es tiempo de cambiarlos. Que la institución del
ministerio público ya no dependa de los órganos ejecutivos ni el órgano judicial
este subordinado a los gobernantes sino que sean verdaderamente independientes.
Que
el derecho penal se aplique por igual a los ricos, pobres, delincuentes,
funcionarios públicos y políticos. No seamos pasivos ni fatalistas, la realidad
es como es por acción u omisión. Los pasivos son creados por el sistema y
ellos, mismos se dejan moldear para ser útiles al régimen corrupto, los
fatalistas creen que, se haga lo que se haga los corruptos seguirán en el
poder; ambas posiciones son nocivas pero equivocas., si esto fuera así, los
mexicanos de principios de siglo no hubieran hecho la revolución mexicana.
Ni
siquiera hace falta una mayoría absoluta de ciudadanos para cambiar este
régimen de corruptos, hoy, como ayer, muera el mal gobierno. Rescatemos al
Estado de las garras de los más corruptos entre los corruptos priistas y
panistas.
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