Era
una tradición lisa y llana, nacida del Priato, que los presidentes de la
república fueran impuestos por el presidente en turno. No hacían falta dos
fundamentos: la legalidad ni la legitimidad. La primera es llegar al poder en
el contexto de las normas electorales de manera justa y, la segunda la creencia
colectiva aunque no absoluta de que, quien obtenía el poder político era
merecedor del mismo.
En
un buen tiempo la legalidad no hacía falta porque el Partido Revolucionario
Institucional, tenía el control casi absoluto del Congreso General, de los
Congresos Locales, Gubernaturas estatales, municipales y hasta de inspectorías
y se hacían leyes a modo para el partido único de Estado. Por si esto fuera
poco el presidente de la república designaba ministros de la Suprema Corte de
Justicia y era juez que calificaba las elecciones a través de la Cámara de Diputados que se convertía
en Colegio Electoral. El poder el jefe del ejecutivo federal era inmenso, cuasi
todopoderoso.
La
legitimidad corría la misma suerte, quien era designado por el presidente como
su sucesor era el ungido y como tal estaba obligado a pagarle con amor el amor
recibido, cuidando que todo lo mal habido que se llevaba por su enorme corrupción
no fuera cuestionado y así sucesivamente. Sin embargo, la vida es dinámica y
cambia se quiera o no; con el paso del tiempo el sistema presidencialista se
fue resquebrajando paulatinamente hasta que tuvo que entrar en franca
competencia con otros partidos y se vio que la legalidad se tenía que cambiar y
que la legitimidad si importaba.
Desde
1988, la legalidad aun cambiada se le torcía hasta hacerla pasar por buena y se
consensaba con algún otro partido como lo fue el Partido Acción Nacional y la
legitimidad se trabajaba desde un inicio para que el que llegaba a la
presidencia de la república pudiera trabajar sin mucha oposición o esta fuera
parcialmente nulificada. Tales fueron los casos de Carlos Salinas de Gortari quien
llegó con serios cuestionamientos legales pero tan luego se alzó con el poder arremetió
contra el líder del Sindicato de los Petroleros Joaquín Hernández alias “La
Quina”, a quien le inventó delitos (Estos no significa que fuera un ángel), y
lo encarceló; misma situación ocurrió con Ernesto Zedillo Ponce de León, tan luego se vio empoderado persiguió a su antecesor
que se tuvo que autoexiliar y quien cayó en su manos justicieras fue Raúl Salinas
de Gortari. Aun a falta de legalidad se podía gobernar apuntalando la
legitimidad.
Con
los dos presidentes panistas fueron fieles herederos de esta bonita tradición y,
se les reprocho lo mismo. Fox perdió el rumbo, se volvió banal y dicharachero.
Felipe Calderón inició una guerra, según sus propias palabras y hundió a México
en un baño de sangre. En resumen no supieron como medio legitimidad sus gobiernos.
De la legalidad ni hablar.
Con
Peña Nieto no les importó la legalidad y emulando a Carlos Salinas de Gortari
dio su “Quinazo” en la persona de Elba Esther Gordillo su otrora cómplice y
aliada. Como cuento de hadas, al principio todo le resultaba a las mil
maravillas y, hasta fue nombrado por Time, el Salvador de México, pero todo esto era una simulación pendiente de
alfileres que no soportaron la realidad y se les cayó el teatro. La falta de
legalidad y el no haber podido apuntalar bien su legitimidad le cobró un alto
costo político a Peña Nieto. Hasta llegar a ser el presidente con menos porcentaje
de aprobación, entre un 13 y 18 por ciento.
Esto
da pauta para aseverar que el sistema presidencial ha muerto de manera irremediable
y que la falta de legalidad y legitimidad son dos puntales que no se pueden ya
evadir impunemente. Con Peña nieto el Partido Revolucionario tiene y tendrá su
debacle y, no se necesita ser adivino sino seguir los hechos históricos y los
actuales para darse cuenta hacia dónde va la realidad factual. Peña nieto
quisiera gobernar en los años dorados del priismo pero eso es imposible, y, si
a esto se le agrega su infinita ignorancia y falta de contacto con la realidad
se puede decir que es el enterrador oficial del presidencialismo y del priismo
pues ambas instituciones van de la mano.
Lo
anterior significa que el pueblo mexicano debe crear una nueva forma de
gobierno con bases legales y legítimas con base en su poder soberano, mermado
si pero aun con poder decisorio. Ha muerto el estado moderno donde había todavía
serios resabios de paternalismo estatal y se debe crear el Estado híper
moderno donde el ciudadano sea la piedra angular de ese ente.
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