“Nada
permite que la sociedad se pueda armar”, dice Osorio Chong, este 18 de julio de
2017, en Chilpancingo, Guerrero. Al parecer el gobierno en su conjunto y en
concreto Miguel Ángel Osorio Chong, pues en el afán de privatizar todo los
bienes y servicios públicos el gobierno de Enrique Peña Nieto, continua y da la
puntilla al Estado moderno mexicano que a lo menos tenia a la delincuencia
organizada y común bajo control, al perderse ese control, los que padecen toda
la violencia son los ciudadanos en particular y, el pueblo en general. No hay día
en que no se cometan delitos concretos contra la población de la manera más
atroz y en completa indefensión.
El
Estado se creó para que, cediendo los ciudadanos su soberanía se invente un
ente ficticio que, sea soberano por sobre todos los demás poderes familiares,
de caciques, teológicos, delincuenciales, sindicales para que sea quien tenga
el monopolio de la violencia para imponer un orden y castigo sobre aquellos que
no sigan las reglas impuestas y vigentes de antemano. Se terminaba así el
Estado natural donde señoreaba el más fuerte imponiendo como única regla la Ley
del más fuerte con exclusión de los derechos de los débiles.
Ahora
bien, si con las reformas estructurales (Privatización de todos los bienes y
servicios públicos) se llegó a la radicalización extrema del abandono de la prestación
por parte del gobierno de bienes y servicios públicos que ahora serán adquiridos
de los proveedores de la iniciativa privada, en donde se encuentra también la
seguridad pública. Todos aquellos que quieran seguridad pública, se darán cuenta
que esta es mínima, inalcanzable para dársela a todos los que la requieran y,
entonces, tendrán que pagarla por si mismos que pagarla en su forma privada. El
gobierno es ya un mero mal árbitro que estará lejos del pueblo. En efecto, la
seguridad pública se ha vuelto un negocio privado pero un pueblo pobre no puede
pagar el precio de la seguridad privada para resguardar su persona, familia y
bienes de la delincuencia organizada y de la común. El gobierno de Peña Nieto
ha devuelto al pueblo mexicano al Estado Natural e donde impera la Ley del más
Fuerte, en consecuencia, si el gobierno no puede o no quiere prestar la
seguridad pública al pueblo, el pueblo tiene el derecho de armarse para defenderse
el mismo, a su familia y bienes. Lo contrario, es decir, lo que pide Osorio
Chong, es na locura porque se estaría en estado de indefensión ante la
violencia sin control. El Estado y sus sistemas jurídico, político y de
seguridad pública son insuficientes para proteger a la población, es una especie
de Estado fallido, de Estado Natural.
En
este contexto, se debe decir que se está en el riesgo de que, la delincuencia
organizada infiltre a las autodefensas y se haga de las mismas para volverse más
fuerte en todos los ámbitos pero esto no es responsabilidad del pueblo sino del
gobierno que se ha retirado de prestar la seguridad pública y que es un mandato
constitucional; es decir, la prevención de los delitos es responsabilidad del
gobierno, la persecución de los delitos es una facultad del ministerio público
y la impartición de la justicia es una responsabilidad de Estado como el resto
de las demás.
El
responsable directo y de sus consecuencias es el gobierno que se ha convertido
en guardián de las personas, familias y bienes de los ricos y, el gobierno mismo
está demasiado ocupado privatizando los bienes y servicios públicos con toda la
corrupción posible del mismo gobierno de Peña Nieto, de su segundo al mando
Osorio Chong y, de todo el gabinete y en los tres órdenes de gobierno. La ignorancia
de los gobernantes es olímpica pero sus locas declaraciones de dejarse matar
como corderos no tienen límites de cinismo mientras ellos se llenan los bolsillos
de dinero público.
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