Enrique
Peña Nieto ha prometido justicia en el caso de los estudiantes masacrados y los
desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. De la misma manera debería pronunciarse
en el caso Tlatlaya, estado de México. No obstante, esa promesa de justicia está
en entredicho. Los antecedentes de Peña Nieto son claro ejemplo de lo que entiende por justicia.
Allí está el caso de su tío Arturo Montiel, el de Atenco del que el mismo es,
responsable (Muertes, encarcelados, mujeres violadas y golpes a cientos de civiles), está el caso
Tlatlaya en donde el, siendo Comandante Supremo de las fuerzas armadas debe
tener interés en que se aclare.
En
el discurso, el gobierno de Peña Nieto parece democrático y justo, sin embargo,
la Procuraduría General de le Republica llegó tarde y mal, aunque manifiesten
que están investigando, no tienen la mínima idea de donde están los
desaparecidos y no tienen el interés porque realmente aparezcan.
Por
otro lado, hay señalamientos de que personas cercanas a Peña Nieto logran
contratos y concesiones multimillonarias tales como el tren México-Querétaro ya
casi en manos de Hipólito Gerad cuñado de Carlos Salinas. Este gobierno es
listo para simular la justicia y maestro en la impunidad.
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