EL DISCURSO DEL OLVIDO

El gobierno federal, el gobernador de Guerrero, gobernantes de los demás estados y del Distrito Federal y la clase política son responsables y culpables del estado lamentable en que se encuentra la nación mexicana y hago la puntualización de este término “nación mexicana” para diferenciar entre gobierno y gobernados.

                                 

Es bien sabido que el Estado moderno se constituye fundamentalmente de territorio, gobierno y población. Pueden añadírsele algunos elementos y polemizar los mismos; sin embargo, no es mi intensión entrar en discusiones estériles con relación a meros tecnicismos. Mi intención es hacer notar que la democracia que tanto pregonan los gobernantes y políticos está ausente de la vida nacional y en los diversos integrantes del pacto federal y el pacto no escrito de impunidad que existe entre gobernantes y políticos.

Es evidente que no bastó con la alternancia en el poder, el desplazamiento del partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional por el Partido Acción Nacional ni la llegada al poder del Partido de la Revolución Democrática al Distrito Federal y a otros estados de la Republica ni la llegada de otros partidos a los gobiernos municipales para alcanzar la democracia en México. Los políticos llegaron para rapiñar lo público en su beneficio particular.

Si lo anterior, pasó en el ámbito de los órganos ejecutivos, es decir, la administración de lo público, en el rubro de los órganos legislativos, estos son meros títeres del presidente de la Republica y de los gobernantes de los estados integrantes de la federación y del Distrito Federal que solo han servido para  imponer leyes contrarias a los intereses generales de la nación mexicana.

Los órganos judiciales siguen la misma línea ya que están el servicio de los gobernantes en turno y no es raro que sirvan como Tribunales de consigna para mantener a los luchadores sociales en las cárceles y fuera de ellas a los más terribles delincuentes.  

Además de los tres órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Estado mexicano ha  creado instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral a nivel nacional y sus correlativos a niveles estatales para simular que las elecciones son democráticas cuando en realidad la corrupción en todas sus modalidades es lo que se despliega efectivamente para llegar al poder en los tres niveles de gobierno.

La seguridad pública está totalmente infiltrada por los delincuentes y el crimen organizado y está al servicio de los criminales o de los gobernantes según sea el caso para la matanza de luchadores sociales, estudiantes y de todos aquellos que se interpongan contra el gobierno  o contra los narcos  y demás delincuentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus correspondientes estatales y del distrito Federal sirven para simular la protección de los derechos humanos de la nación mexicana y aun para servir como justificadores y encubridores de los excesos de gobernantes y políticos.

Los gobernantes de los estados integrantes de la Federación se han convertido en sátrapas tiránicos y represores que siguen el modelo federal tiránico, escudándose en una supuesta soberanía de los estados que gobiernan. Este ha sido el discurso de Ángel Aguirre gobernador del estado de Guerrero para seguir aferrado al poder, respaldado por el PRD de una manera vergonzosa.

No se crea que  la mayoría de los mexicanos somos corruptos o estamos de acuerdo con las actuaciones de los órganos de gobierno, de las instituciones y dependencias del gobierno. La mayoría de la nación mexicana será, si se quiere, apática  por voluntad propia y mucho por el moldeamiento de un sistema político corrupto y represor que utiliza todas las formas imaginables e inimaginables para seguir sosteniéndose en el poder en un sistema político anacrónico y nefasto. Este sistema político mostró su rostro verdadero, el de antaño: autoritario, represor y asesino solo que maquillado de democracia y acrisolada por los demás partidos. Esto es de dominio público pero el terror desatado por el gobierno en sus tres niveles impide su modificación por las vías institucionales, de Derecho o a través de la política por obvias razones. Los órganos e instituciones están dominadas por completo por los políticos de todos los partidos y son el botín en disputa porque se sabe que controlar las instituciones es, controlar el poder y su llegada al mismo.

El Estado mexicano no está fallido, lo está el gobierno en sus tres niveles y el órgano legislativo en sus tres ámbitos pero la nación mexicana, a pesar de sus limitaciones y apatía es, la única que puede intervenir en la política para     desechar lo inservible y crear e imponer las formas democrática en el gobierno y legisladores a nivel federal y estatal y en el Distrito Federal. Si la nación mexicana estuviera fatalmente fallida todo lo que se hiciera sería inútil y todo estaría perdido. Por el contrario, se ve que existe la oportunidad positiva de que las cosas cambien y que estos cambios se den a partir de las masacres de Tlatlaya, perteneciente el estado de México e Iguala, Guerrero, en donde el gobierno federal y los gobiernos de estos estados y el presidente  municipal de Iguala Guerrero son responsables directos de estos hechos delictivos. Y, es precisamente la sociedad civil la interesada la que debe dar cabal seguimiento a las investigaciones e imponer la democracia a efecto de evitar nuevas masacres y crímenes por parte de gobernantes, políticos y demás funcionarios públicos.

La declaración de Ángel Aguirre, de ser solo el pueblo de Guerrero, el que puede decidir sobre su permanencia en el gobierno, es anacrónica y vil ya que en un mundo globalizado ya no solo interesa a los gobernados específicos a los que les interesa el buen gobierno y la aplicación efectiva de los derechos humanos. Eso ha quedado debidamente rechazado con las manifestaciones del pueblo de México y de otras naciones, de organismos internacionales y gobiernos de otros Estados; todo ello documentado y con esto se refuta el discurso  cínico y  banal de Ángel Aguirre.

Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre, la dirigencia del Partido y todos los involucrados y responsables de estos hechos delictivos han desplegado el mismo discurso bajo variaciones sin importancia, mencionando que se investigará y se hará justicia tope donde tope y caiga quien caiga. Esa es una vileza ya que no existen las leyes adecuadas ni los órganos ni instituciones  independientes ni justas para lograr tales objetivos. Este discurso es una trampa para que no se llegue a la justicia y un dique para la democracia. No basta con castigar a unos cuantos para que se logre imponer la democracia sino que se debe cambiar de fondo todo el sistema político, sanearlo, separarlo del narco y lograr la independencia de órganos e instituciones bajo la supervisión ciudadana de manera permanente para que se pase de un sistema político anacrónico y tiránico a un sistema político democrático y ciudadanizado en donde los gobernantes y políticos realmente se sometan a la acción de la justicia de forma efectiva. No permitamos ese discurso oficial que es, solo un discurso del olvido, para que no se investigue y que el sistema político no cambie.