DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO

Llevado por su razón natural los presidentes del Partido Acción Nacional y los Senadores del mismo partido han anunciado que pedirán la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, hoy quince de octubre del dos mil catorce. Es evidente que no tienen ni idea de lo que piensan y  van a pedir;  no puede haber desaparición de poderes en virtud de ser el pueblo donde radica el poder soberano. Malamente dice la constitución general que “…todo poder dimana del pueblo” y también indebidamente, fractura la soberanía nacional para crear tres poderes que ejerce la Unión pero dividir la soberanía es, quitarle el poder al pueblo y simular una democracia.

El Estado mexicano debe tener Unidad y Colaboración entre sus tres niveles de gobierno y entre todos sus órganos y dependencias y no esa fatal “División de Poderes” que ha servido para que nacieran y, permanentemente, se erigieran como soberanos los órganos de gobierno (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en el ámbito federal. Mientras que, en el ámbito estatal esto se repite y se agrava con la creación de sátrapas escudados en la apariencia de gobernadores que se escudan en la falsa soberanía de los estados componentes de la Federación.

El pueblo soberano nunca traspasa ni cede su soberanía a los tres órganos que no poderes, Legislativo Ejecutivo y Judicial, tan solo les da atribuciones o facultades para ejercer el mandato del pueblo. Sin embargo, en la realidad los tres órganos han escamoteado el poder soberano al pueblo y han invertido los papeles y se comportan como verdaderos soberanos y eso, debe cambiar. Todas las atrocidades, excesos y delitos cometidos por los gobernantes, funcionarios públicos y políticos dan una imperiosa pauta para crear un nuevo constitucionalismo en donde la democracia se imponga y todos los que tengan un puesto público respondan ante la Ley y el pueblo respecto de sus funciones, atribuciones o facultades inherentes a sus cargos. Así pues, no desaparece el poder soberano del pueblo sino que solo se revoca el mandato o nombramiento de los titulares de los tres órganos (Legislativo, ejecutivo y Judicial), o en su caso se debe analizar cual o cuales mandatos se revocan dado a que en la realidad no tenga sustento revocar el mandato o nombramiento de los integrantes de los tres órganos. Si el caso fuera, debería pedirse solo la revocación del mandato o del nombramiento del gobernador en turno o de algún presidente del órgano Judicial o del órgano legislativo.

En este contexto, los panistas como buitres políticos intentan vulgarmente pero nefastamente pedir la “desaparición de podres”, lo que es equivoco, se puede pedir, con base en el artículo 76 fracción V de  la carta Magna y que es una de las facultades exclusivas del Senado y con la propuesta de una terna por parte del Ejecutivo Federal. No obstante, tal y como esta, en franca decadencia la política y la gobernabilidad federal es, darles carne pútrida a los carroñeros políticos. Por donde se mire con estos procedimientos el pueblo siempre queda al margen del ejercicio del poder soberano y son los partidos atreves de sus gobernantes y legisladores quienes salen ganando con la “desaparición de podres”.

Casi todos los partidos políticos se han coludido para mantenerse en el poder y pelearse entre ellos en el ejercicio del mismo pero que el pueblo nunca intervenga porque eso sería acabar con los excesos, abusos, atrocidades y crímenes cometidos por funcionarios públicos y políticos. En el presente caso, no cabe duda de que el gobernador de Guerrero debe dejar el puesto público pero no en las condiciones que piden los panistas por sus consecuencias nefastas para el pueblo.

Es imperioso que se construya un nuevo Constitucionalismo que evite que en los problemas nacionales o estatales  solo los partidos o los gobernantes intervengan en sus soluciones sin que los ciudadanos tengan participación activa. Ante la debilidad de los gobiernos y la notable fuerza de las grandes trasnacionales urge que los ciudadanos intervengan en todo lo que sea público y de interés general y en especial en la política para no quedar el pueblo en estado de indefensión a través de una Constitución General que francamente  limita a los ciudadanos y dota a los gobernantes y políticos de amplias acciones  y un manto impenetrable de impunidad.