Se
ha vuelto una práctica nociva para el pueblo mexicano cambiar de sede o de
nombre a los órganos, instituciones o dependencias gubernamentales con lo cual
solo se logra más gasto público, más confusión y se deja el fondo intacto, es
decir, se deja el combate a la corrupción gubernamental intacto. Es ocioso
cambiar un órgano judicial de sede si no se ponen las reglas para castigar la corrupción
de los funcionarios judiciales; es pernicioso cambiarle el nombre a una institución o
dependencia gubernamental si no se tiene el cuidado de poner en vigencia leyes
y reglamentos que acoten el uso discrecional o indebido del poder. Los
mexicanos y en especial el gobierno, tenemos décadas creando instituciones o
dependencias que rápidamente son corrompidas por el gobierno y los partidos; la
respuesta a esto, es cambiar nombres a las instituciones o dependencias y con
gran pompa publicar tales cambios de nombres sin tocar la corrupción y los
excesos del poder.
Los
mismos que ponen y quitan nombre son los mismos que ya de antemano están no
solo pensando sino actuando arduamente para corromperlas. Esa es la tragedia
mexicana en lo político, la simulación y el maquillaje en los hechos y actos de
lo público. De lo que debe interesar a todos en común. Ahora bien, tal simulación debe ser combatida
por todos los mexicanos en su conjunto y ya no aceptar el maquillaje
gubernamental. Es la ciudadanía la que debe poner límites al poder ya que la División
de Poderes con sus pesos y contra pesos ha fracasado desde su implementación.
Es insuficiente este modelo político para combatir la corrupción e ineficiente
para dar respuesta a las necesidades básicas de los mexicanos.
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