Si
en la Constitución Política de un Estado se le llama soberano al pueblo pero en
la práctica se le niega toda posibilidad de revocar el mandato del presidente
de la Republica (Cosa pública, de todos) hasta el mandato del presidente
municipal más modesto o de cualquier otro funcionario para corregir los
excesos, malas prácticas y la corrupción, esto no puede ser más que una simulación
de la democracia, de la justicia, de la igualdad, de los derechos humanos y las
garantías individuales. Los ciudadanos, entonces, estarán en constante peligro
y riesgo en pedir cuentas, transparencia y justicia e inmediatamente se verá
que el monopolio de la violencia que tiene el Estado se dirigirá contra el
pueblo mismo y contra los luchadores sociales, periodistas y estudiantes. El
mal se halla en la casta política que se ha vuelto una especie de clase divina
que hereda los puestos a los hijos, sobrinos, familiares y demás oportunistas. Esta
misma clase política, en tales condiciones esta fuera del alcance de la ley,
concertada para apropiarse de la soberanía popular para vivir a todo lujo cometiendo
toda clase de excesos y delitos con toda impunidad. El método más usado para
mantener al pueblo sojuzgado es la implementación del terror pánico; muertes
violentas, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos para que de la voluntad
nacional se erradicado el deseo de justicia, de cambio, de democracia y de
exigencia de todos los derechos humanos, garantías individuales y políticos que
tenga derecho el pueblo.
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