LA FUERZA BRUTA Y JUSTICIA SELECTIVA

El Ministerio Publico debe investigar. Pero esa investigación no debe ser sobre personas determinadas por la política sino por los delitos que comenten y en el momento que los comenten. El gobierno tenía una relación torcida de darle dinero a los líderes sindicales con la promesa de que, estos votaran por el partido oficial, el PRI, del mismo de donde salió Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, es de conocimiento público que, los gobernantes, empezando por Enrique Peña Nieto, (¿Quién ha creído la absurda absolución que hizo Virgilio Andrade?), pasando por jueces, ministerios públicos, gobernantes, diputados, senadores, hasta llegar al más modesto presidente auxiliar comenten delitos que salen consuetudinariamente a la luz pública. En efecto, aquí está la crema y nata de la corrupción, son los corruptos más corruptos que comenten toda la gama de delitos que les sirven para saquear lo público. Este es el grueso de funcionarios públicos que deberían de estar siendo investigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, con estos delincuentes la ley es laxa, muy laxa.

La aplicación de la ley de manera selectiva es una perversión del marco jurídico que solo beneficia al gobierno y, a quienes se benefician de la privatización de lo público. A ellos y solo a ellos, les conviene un Estado de Derecho selectivo y hacerlo pasar como la aplicación de la ley. Allí están los senadores y los diputados sin querer discutir y aprobar la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3, aduciendo mil pretextos para no dar a conocer sus fortunas mal habidas. Misma suerte corre la Ley Anti corrupción y allí están todos los mencionados corruptos dirigiendo los reflectores hacia sus propias creaciones que ahora quieren desechar por ya no serles útiles como los delincuentes más dañosos para la república y quizá lo sean. Pero, de que esta torcida la impartición de justicia, lo está.

Al actual gobierno como a casi todos, no les importa el pueblo sino saber cuántos negocios puede hacer con lo público, engañando a los ciudadanos. La aplicación de la ley o es general o degenera en una simulación perversa que permite al gobierno en turno alzarse con lo público.