DEL DICHO AL HECHO…CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Cuando se creía que ya no se podía corromper más la República mexicana Enrique Peña Nieto mostró que es tonto en todo lo positivo pero un experto en la corrupción, poniendo como Procuradora de la Republica a Arely Gómez y como Ministro de la suprema Corte de Justicia de la Nación  a Eduardo Medina Mora, ambos cuestionados; la primera por sus nexos evidentes con Televisa, a través de su hermano Leopoldo Gómez y, el segundo, por su desempeño en el cargo de Procurador de la Republica y como espía del gobierno al estar como Director de CISEN. Ambos puestos, claves, el primero por su importancia en el combate contra la delincuencia y que al depender del presidente de la República queda como mera personera del mismo y como fiel sirviente en la impartición de justicia. Que no nos asombre si la persecución política se intensifica. El segundo, es clave para el control de la Suprema Corte de Justicia.  Un hombre sin experiencia alguna en la impartición de justicia al más alto nivel no puede ser otra cosa que una pesada carga a la hora de interpretar la Constitución General pero muy valioso a la hora de defender los intereses de Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional.

La corrupción y la impunidad se promueven desde el Ejecutivo Federal. Este es un gobierno cínico y de simulaciones. En cada viaje al extranjero se visten con las galas de la retórica y todo, en México, es democracia, seguridad, justicia, bienestar, trabajo intenso mientras que hacia dentro todo es todo lo contrario. Y, no puede ser de otro modo, la genética priista está compuesta de estos dos elementos: corrupción e impunidad coronados de cinismo.

El nuevo Estado híper moderno mexicano ha liberado al gobierno de la responsabilidad social, es decir, ya no existen verdaderos programas sociales que traten y erradiquen la miseria, que traten sobre la educación o pongan el derecho más fundamental de todos al alcance de los más pobres y necesitados: el derecho a la alimentación. Ahora bien, si el gobierno en sus tres niveles esta ya al servicio de las grandes trasnacionales y de sí mismo, se debe hacer un rediseño del Estado mexicano y acotar las enormes facultades que tiene el presidente y que sea el pueblo quien disponga en lo fundamental, dejando la aplicación al gobierno, bajo una vigilancia estrecha y permanente. En efecto, el Neo presidencialismo de Peña Nieto se distingue primariamente del presidencialismo anterior, en los fines. El presidencialismo del viejo PRI estaban encaminados a mantener el poder y el control absolutos en la política, el nuevo PRI (que es el viejo PRI), tiene como fines acatar, legitimar y legalizar la privatización de lo público a favor de las grandes trasnacionales y usar la violencia llamada legitima del Estado (la represión y la cárcel), para imponer a toda costa sin importar las consecuencias la voluntad de los dueños del dinero.

Así las cosas, los altos cargos públicos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no deben ser  propuestos por el presidente de la Republica (el corruptor número uno de la misma), sino ser propuestos por académicos, estudiosos independientes, periodistas desvinculados del poder político y económico, instituciones superiores de educación, organizaciones no gubernamentales y en general por el pueblo, a efecto de no depender del jefe del Ejecutivo Federal y actuar como meros empleados suyos.

La independencia del órgano judicial se debe hacer realidad y no como en el presidencialismo una extensión más del órgano Ejecutivo Federal y como ahora, una alianza subordinada entre Peña Nieto y el más ilustre ignorante de los Ministros Medina Mora. Lo que se juega no es un simple puesto sino la profunda corrupción de la República y la impunidad de los gobernantes y políticos en turno desde hace, a lo menos cuarenta años (hace cuarenta años viven del erario y ahí vienen sus retoños), o la sanidad de la nación mexicana, de los órganos de gobierno, las instituciones y organismos de todo tipo y en especial de la vida tan deteriorada que han dejado estos malos gobiernos. Los corruptos dominan la política y la economía, dejando a millones en la pobreza y, en vez de solucionar los problemas de fondo corrompen más la Republica y endurecen las leyes para los desposeídos, los pobres, los ignorantes que ávidos de alimentos y oportunidades protestan. Esta es la democracia que se pregona en el extranjero pero que no aparece en al escenario nacional mexicano.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por votos directos a propuesta de los ya mencionados en líneas anteriores y ser calificados en los rubros de idoneidad, rectitud, independencia, intelecto y práctica y todos aquellos que sean necesarios para el desempeño de sus facultades. Deben estar sujetos a los derechos consagrados en el artículo 35 constitucional de ser votados con relación al artículo 39 constitucional que señala los alcances de la soberanía nacional del pueblo mexicano.