MICHOACAN: CONDENA DOBLE

El uso legal y legítimo de la autodefensa es reconocido por la mayoría de los grandes pensadores, aun por aquellos que pretendían un Estado por encima de los ciudadanos; tal y como es el caso de Thomas Hobbes. El gobierno mexicano ha dejado de ejercer la soberanía en diversas áreas del territorio mexicano y sobre la población que en el vive. Tales son los casos de la zona controlada por el ejército zapatista, de los territorios controlados por los diversos carteles. En Tamaulipas se sabe a ciencia cierta que los Zetas y otros grupos delictivos controlan diversas zonas sin que el gobierno en sus tres niveles pueda siquiera impedir los crímenes más leves que cometen. Ciudad Juárez, Chihuahua, es otro claro ejemplo del abandono gubernamental hacia la población. Se cometen los más horrendo crímenes a la vista del gobierno sin que siquiera pueda meter las manos para defender a la población.

En Guerrero existen policías comunitarias desde hace por lo menos doscientos años por la ausencia de gobierno que pueda mediar y castigar los crímenes que se cometen. El gobierno con su pasividad ha contribuido de manera clara y fundamental en la creación de grupos legítimos que solo se defienden después de no recibir ayuda pese a sus reclamos.

El caso más grave al momento lo constituye Michoacán, donde los habitantes de diversos pueblos se han armado para protegerse y combatir a los carteles que los asolan impunemente. Para ninguna persona entendida es oculto que los que gobiernan de facto son los carteles. Se sabe de las formas más despiadadas con que son tratados los habitantes de este estado por los delincuentes. Cobro de piso, cobro por cualquier actividad económica que las personas realicen; golpes, injurias, amenazas,  violaciones y muerte son el pan inmisericorde de cada día. Mientras los gobernantes se turnan para saquear el erario y todo lo público sin impórtales la suerte ya echada del pueblo, ese pueblo al que dicen servir.

Ante este escenario claramente injusto e inhumano los civiles se han armado para defenderse de los delincuentes y han logrado lo que al gobierno le correspondía, combatir a los delincuentes.  ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?, criminalizar a la sociedad civil organizada. Hoy, están diecinueve civiles detenidos y procesados por armarse y defenderse. El gobernador Fausto Vallejo, ha lanzado sentencias condenatorias de antemano en contra de las autodefensas y policías comunitarias, diciendo que se les aplicara todo el peso de la ley. Acto seguido ha hecho un llamado al gobierno federal para que envié las fuerzas del orden bajo su mando para combatir, no a los delincuentes sino a la población que legal y legítimamente se organizó y se defiende. Presto Enrique Peña Nieto ha enviado a su testaferro Osorio Chong para firmar un Pacto por Michoacán para poner en orden a la población civil. Como si con pactos o decretos se pudiera moldear la realidad, una realidad precaria en todos los sentidos y ámbitos de la vida de los michoacanos que se ha gestado durante trienios y sexenios de indiferencia gubernamental.

La defensa del cuerpo y de la propia vida es un derecho que está más allá de las leyes ordinarias y fundamentales de un Estado. El derecho a la vida o  la muerte no está en manos del gobierno. Toda persona tiene el derecho de defenderse de manera individual en legítima defensa cuando el gobierno está ausente para poder hacerlo. Con mucha más razón las personas organizadas tiene la legitimidad y la legalidad de defenderse cuando el gobierno en sus tres niveles a abandonado su deber de sujetar a todos los infractores a las leyes.

Hobbes, ha dicho ”Si el soberano (gobierno en este caso), ordena a un hombre (aunque justamente condenado), que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes lo ataquen, o que se abstenga del uso de alimentos, del aire de la medicina o de cualquier otra cosa, sin la cual no pueda vivir, ese hombre tiene la libertad para desobedecer”, (Leviatan). Por ende, la sociedad civil organizada al defenderse de quienes ilegal e ilegítimamente los saquean y matan se defienden por si, no contravienen ninguna ley, ni a la propia Constitución General. El asunto es delicado porque pueden grupos delincuenciales camuflarse como grupos de legítimos de autodefensa. Con todo, ese problema lo debe resolver el mismo gobierno si no quiere más grupos civiles armados. El gobierno tiene los recursos pero hasta ahora no ha tenido la voluntad, está ocupado privatizando lo poco que queda de público, tratando a los grandes capitalistas con palabras zalamerosas y al pueblo con el garrote como si este último no tuviera la misma razón que los primeros; lo que el pueblo no tiene es más que una opción: la autodefensa. 

Esperemos que con el pacto firmado por los políticos y la fuerza pública enviada no se esté condenando doblemente a los michoacanos. Por una parte la condena ya ejecutada y en ejecución de estar sometidos a los carteles y por el otro, a la condena de ser combatidos, muertos, capturados y procesados por el gobierno que debería ver la realidad y defenderlos.