La
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es como se sabe el máximo órgano de interpretación
y control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
decir, es la cima de todo el aparato burocrático. ¿Qué no se puede decir del órgano
judicial en su cúspide?. Mucho hasta donde se quiera pero eso es seguir
simulando y eso, no es más que evitar ir a la medula del problema mismo. Estamos
entre dos aguas ni hemos abandonado del todo el viejo sistema ni hemos podido
construir y menos implementar otro. Esto en lo mental porque en la realidad no
se iniciara hasta que tomen posesión los funcionarios electos en los tres órganos
del Estado. Y, es a partir de ese momento que se dará la verdadera lucha entre
el pasado inmediato y el presente. Si con únicamente delinear el próximo gobierno
sus acciones pone muy nerviosos a los anteriores gobernantes, políticos y dueños
de las trasnacionales, es de esperarse una guerra a muerte políticamente hablando.
Bien,
en este brete se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia al no aceptar una reducción
de los salarios de sus integrantes alegando que por mandato constitucional no
se pueden reducir sus remuneraciones (artículo 94). Esto no es cierto del todo
pues también por mandato constitucional ningún funcionario público puede ganar más
que el presidente en turno (artículo 127). Aquí tenemos un problema que tenemos
que solucionar como pueblo en conjunto. De ello depende la transformación del régimen
y del Estado mexicano.
A
mi entender no es voluntad del pueblo querer transformarse o no mucho menos de
un grupo o de un individuo porque asi se quiere que se vean estos momentos de
nuestras vidas. Esto es mucho más complejo pero entendible y explicable. Ahora
bien, de manera alguna mi intención es denigrar al órgano judicial sino
simplemente decir la verdad. Ya ustedes verán si lo logro o no. En efecto, la
tarea del filósofo por muy modesto que este sea, es tratar de encontrar la
verdad. Así que, me serviré de tres elementos personales mi calidad de abogado,
la de pasante en filosofía y mi experiencia propia de practicante de Derecho
ante los tribunales judiciales a través de la escritura. Esto lo menciono no
con el afán jactancioso de vanidad sino para hacerles saber que a lo menos
tengo una idea de lo que estoy haciendo.
Debemos
entender que los cambios de todo tipo han sido propiciados cuando no ordenados
desde el extranjero y esto no debe alarmarnos nuestra historia desde la llegada
de los españoles ha sido esa. El cambio de forma de gobierno llego con los españoles,
la independencia de México fue propiciada por Francia al invadir España, la consolidación
del Estado mexicano con la derrota de Francia fue gracias a la intervención de los
Estados Unidos, la revolución mexicana fue posible ganarla por la venta de
armas de los Estados Unidos. Esto siempre ha sido así para bien o para mal.
Las
privatizaciones en México son una necesidad de los Estados neoliberales para
expandir sus desarrollo en los Estados emergentes y México está entre ello sin
fuerza suficientes para negarse. Los Estados fuertes han creado todo un
entramado de organismos a través de los cuales imponer la economía de mercado,
esto es bastante complejo para tratarlo ahora, baste decir que hay dos de los
que se encargan de ser brazos ejecutores de imponer el Neoliberalismo, el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional y fueron estos los que impusieron
las privatizaciones.
Con
la caída del Presidencialismo mexicano se liberó no solo el mercado sino ámbitos
tan insospechados se han activado; ahora se quiere saber con precisión todo el
pasado, es decir, cayó también la historia oficial y con ello se trata de investigar,
enfrentar y reinterpretar comprobablemente el pasado ya sin los adjetivos de
buenos y malos. Todo nos lleva al cambio acelerado también en el arte, la
ciencia y tecnología, la educación, en las actitudes que obligan a una recreación
de la vida y sus derivados y entorno.
Es
en este contexto que se debe renovar el quehacer del órgano judicial en todos
sus tribunales, no es posible el cambio sin que el mismo cambie y quede en una
isla estática. Durante todo el tiempo de la vigencia del Presidencialismo más o
menos, el órgano judicial estuvo bajo el mando del órgano ejecutivo y, a disposición
del régimen. Se pueden seguir diversas vías para llegar conclusiones certeras.
Una de ellas es estudiar la jurisprudencia, las tesis jurisprudenciales y todas
las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional. De momento se creó la visión
de que, los Ministros eran lo más granado en el pensamiento entre los juristas y que, sus sentencias eran
su muestra y cúspide. No hay tal. Las sentencias responden más al sistema político
que a la necesidad de impartición de justicia. Con un sistema penal inquisitorio
se trataba de encontrar o fabricar culpables que buscar la verdad real que
casara con la verdad jurídica. La prueba reina era la prueba confesional,
habiendo confesado el reo se relevaba a las partes de probar. Y, esta confesiones
se conseguían a través de las formas más brutales y, todavía quedan remanentes
de esas prácticas que los jueces generalmente avalaban confirmando esto en sus
sentencias. Los códigos civiles seguían la misma regla. Hoy día se está
abandonado este viejo sistema de justicia aunque con lentitud y no pocos
desatinos.
En
este contexto era menester crear una burocracia privilegiada que mantuviera
funcionando el sistema de justicia a favor del régimen y para ello se les otorgó
remuneraciones muy altas a los Ministros de la Suprema corte sin que esto
correspondiera al estudio profundo del Derecho así como su aplicación sino para
justificar lo político pues de eso se trató el Presidencialismo. Pero si en el ámbito
intelectual los Ministros no alcanzaron las metas intelectuales en la práctica
esto es aún peor.
En
general, todos los órganos jurisdiccionales cuentan con un organigrama que les
permite funcionar en la medida de lo posible y eso lleva incluidas todas las
limitaciones de presupuesto, materiales y por supuesto las intelectuales. En la
realidad los órganos jurisdiccionales son una burocracia desastrosa que se ve
impedida de cumplir su fin de impartir justicia por todas estas limitaciones.
Generalmente
para llegar a un puesto en un juzgado se debe tener un familiar influyente o
ser amigo del mismo sin importar la calidad tanto intelectual como práctica
para impartir justicia. En este contexto, son los jueces y secretarios los que
menos están capacitados, de acuerdo al puesto y de acuerdo al pago, para emitir
acuerdos y sentencias. Tienen a todo el personal de juzgado a cargo para
hacerles el trabajo, prácticamente únicamente firman sin tener idea clara de lo
que firman.
Hay
dos funcionarios en donde los jueces descargan su trabajo, los Secretarios de
Acuerdos y los Secretarios de Estudio y Cuenta y, en su caso sus similares. El
Secretario de Acuerdos desahoga pruebas, acurda lo conducente así como acuerda
escritos y da cuenta al Juez para que este firme. Por su parte el Secretario de
Estudio y Cuenta hace los proyectos de sentencias interlocutorias y
definitivas. Por lo que no es raro encontrase con jueces que no saben lo básico
sobre los juicios que deben sentenciarse. Es decir, están en una burbuja que
los separa de la realidad, están en una zona de confort; en estas condiciones
no es raro que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia se nieguen a
cambiar y menos sacrificar sus remuneraciones pues tienen los mayores
privilegios injustificables por donde se le vea.
En
todo el cuerpo judicial es lo mismo, es increíble que cuando se asiste a las
sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito en las mismas no haya discusión
del problema jurídico sino que basta con que el Magistrado ponente diga unas
cuantas palabras y los dos restantes respondan con un a favor o, en contra y
cuando se les hace ver lo absurdo de sus determinaciones se cierran y se tiene
que batallar para lograr justicia, eso amen de lo tardado de los juicios.
Ahora
que se está en el cambio el órgano jurisdiccional incluyendo a la suprema corte
de Justicia de la Nación debe cambiar y ya dejar de servir al titular del órgano
ejecutivo federal como de los estatales para adquirir verdadera autonomía que
lleva aparejados, trabajo y cobro correspondientes basados en la realidad económica,
de capacidad intelectual y practica y no remuneraciones como premio a su
silencio y docilidad.
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