miércoles, 18 de julio de 2018

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE MÉXICO




La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es como se sabe el máximo órgano de interpretación y control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, es la cima de todo el aparato burocrático. ¿Qué no se puede decir del órgano judicial en su cúspide?. Mucho hasta donde se quiera pero eso es seguir simulando y eso, no es más que evitar ir a la medula del problema mismo. Estamos entre dos aguas ni hemos abandonado del todo el viejo sistema ni hemos podido construir y menos implementar otro. Esto en lo mental porque en la realidad no se iniciara hasta que tomen posesión los funcionarios electos en los tres órganos del Estado. Y, es a partir de ese momento que se dará la verdadera lucha entre el pasado inmediato y el presente. Si con únicamente delinear el próximo gobierno sus acciones pone muy nerviosos a los anteriores gobernantes, políticos y dueños de las trasnacionales, es de esperarse una guerra a muerte políticamente hablando.

Bien, en este brete se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia al no aceptar una reducción de los salarios de sus integrantes alegando que por mandato constitucional no se pueden reducir sus remuneraciones (artículo 94). Esto no es cierto del todo pues también por mandato constitucional ningún funcionario público puede ganar más que el presidente en turno (artículo 127). Aquí tenemos un problema que tenemos que solucionar como pueblo en conjunto. De ello depende la transformación del régimen y del Estado mexicano.

A mi entender no es voluntad del pueblo querer transformarse o no mucho menos de un grupo o de un individuo porque asi se quiere que se vean estos momentos de nuestras vidas. Esto es mucho más complejo pero entendible y explicable. Ahora bien, de manera alguna mi intención es denigrar al órgano judicial sino simplemente decir la verdad. Ya ustedes verán si lo logro o no. En efecto, la tarea del filósofo por muy modesto que este sea, es tratar de encontrar la verdad. Así que, me serviré de tres elementos personales mi calidad de abogado, la de pasante en filosofía y mi experiencia propia de practicante de Derecho ante los tribunales judiciales a través de la escritura. Esto lo menciono no con el afán jactancioso de vanidad sino para hacerles saber que a lo menos tengo una idea de lo que estoy haciendo.

Debemos entender que los cambios de todo tipo han sido propiciados cuando no ordenados desde el extranjero y esto no debe alarmarnos nuestra historia desde la llegada de los españoles ha sido esa. El cambio de forma de gobierno llego con los españoles, la independencia de México fue propiciada por Francia al invadir España, la consolidación del Estado mexicano con la derrota de Francia fue gracias a la intervención de los Estados Unidos, la revolución mexicana fue posible ganarla por la venta de armas de los Estados Unidos. Esto siempre ha sido así para bien o para mal.

Las privatizaciones en México son una necesidad de los Estados neoliberales para expandir sus desarrollo en los Estados emergentes y México está entre ello sin fuerza suficientes para negarse. Los Estados fuertes han creado todo un entramado de organismos a través de los cuales imponer la economía de mercado, esto es bastante complejo para tratarlo ahora, baste decir que hay dos de los que se encargan de ser brazos ejecutores de imponer el Neoliberalismo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y fueron estos los que impusieron las privatizaciones.

Con la caída del Presidencialismo mexicano se liberó no solo el mercado sino ámbitos tan insospechados se han activado; ahora se quiere saber con precisión todo el pasado, es decir, cayó también la historia oficial y con ello se trata de investigar, enfrentar y reinterpretar comprobablemente el pasado ya sin los adjetivos de buenos y malos. Todo nos lleva al cambio acelerado también en el arte, la ciencia y tecnología, la educación, en las actitudes que obligan a una recreación de la vida y sus derivados y entorno.

Es en este contexto que se debe renovar el quehacer del órgano judicial en todos sus tribunales, no es posible el cambio sin que el mismo cambie y quede en una isla estática. Durante todo el tiempo de la vigencia del Presidencialismo más o menos, el órgano judicial estuvo bajo el mando del órgano ejecutivo y, a disposición del régimen. Se pueden seguir diversas vías para llegar conclusiones certeras. Una de ellas es estudiar la jurisprudencia, las tesis jurisprudenciales y todas las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional. De momento se creó la visión de que, los Ministros eran lo más granado en el pensamiento  entre los juristas y que, sus sentencias eran su muestra y cúspide. No hay tal. Las sentencias responden más al sistema político que a la necesidad de impartición de justicia. Con un sistema penal inquisitorio se trataba de encontrar o fabricar culpables que buscar la verdad real que casara con la verdad jurídica. La prueba reina era la prueba confesional, habiendo confesado el reo se relevaba a las partes de probar. Y, esta confesiones se conseguían a través de las formas más brutales y, todavía quedan remanentes de esas prácticas que los jueces generalmente avalaban confirmando esto en sus sentencias. Los códigos civiles seguían la misma regla. Hoy día se está abandonado este viejo sistema de justicia aunque con lentitud y no pocos desatinos.

En este contexto era menester crear una burocracia privilegiada que mantuviera funcionando el sistema de justicia a favor del régimen y para ello se les otorgó remuneraciones muy altas a los Ministros de la Suprema corte sin que esto correspondiera al estudio profundo del Derecho así como su aplicación sino para justificar lo político pues de eso se trató el Presidencialismo. Pero si en el ámbito intelectual los Ministros no alcanzaron las metas intelectuales en la práctica esto es aún peor.

En general, todos los órganos jurisdiccionales cuentan con un organigrama que les permite funcionar en la medida de lo posible y eso lleva incluidas todas las limitaciones de presupuesto, materiales y por supuesto las intelectuales. En la realidad los órganos jurisdiccionales son una burocracia desastrosa que se ve impedida de cumplir su fin de impartir justicia por todas estas limitaciones.

Generalmente para llegar a un puesto en un juzgado se debe tener un familiar influyente o ser amigo del mismo sin importar la calidad tanto intelectual como práctica para impartir justicia. En este contexto, son los jueces y secretarios los que menos están capacitados, de acuerdo al puesto y de acuerdo al pago, para emitir acuerdos y sentencias. Tienen a todo el personal de juzgado a cargo para hacerles el trabajo, prácticamente únicamente firman sin tener idea clara de lo que firman.

Hay dos funcionarios en donde los jueces descargan su trabajo, los Secretarios de Acuerdos y los Secretarios de Estudio y Cuenta y, en su caso sus similares. El Secretario de Acuerdos desahoga pruebas, acurda lo conducente así como acuerda escritos y da cuenta al Juez para que este firme. Por su parte el Secretario de Estudio y Cuenta hace los proyectos de sentencias interlocutorias y definitivas. Por lo que no es raro encontrase con jueces que no saben lo básico sobre los juicios que deben sentenciarse. Es decir, están en una burbuja que los separa de la realidad, están en una zona de confort; en estas condiciones no es raro que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia se nieguen a cambiar y menos sacrificar sus remuneraciones pues tienen los mayores privilegios injustificables por donde se le vea.

En todo el cuerpo judicial es lo mismo, es increíble que cuando se asiste a las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito en las mismas no haya discusión del problema jurídico sino que basta con que el Magistrado ponente diga unas cuantas palabras y los dos restantes respondan con un a favor o, en contra y cuando se les hace ver lo absurdo de sus determinaciones se cierran y se tiene que batallar para lograr justicia, eso amen de lo tardado de los juicios.

Ahora que se está en el cambio el órgano jurisdiccional incluyendo a la suprema corte de Justicia de la Nación debe cambiar y ya dejar de servir al titular del órgano ejecutivo federal como de los estatales para adquirir verdadera autonomía que lleva aparejados, trabajo y cobro correspondientes basados en la realidad económica, de capacidad intelectual y practica y no remuneraciones como premio a su silencio y docilidad.

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