Un
gobierno debería ser un medio para alcanzar los fines de una sociedad, esa es
su razón de ser. La organización social termino requiriendo de un gobierno con
tres órganos Legislativo, ejecutivo y Judicial con toda una serie de instituciones,
organismos, fideicomisos y dependencias en los tres niveles de gobierno, en una
complejidad inescrutable que permite su corrupción natural.
Los
gobernantes se corrompen y es menester tenerlos siempre en vigilancia intensa.
No bastan leyes ni buena fe por parte de los políticos, simplemente no funciona
así la democracia. En México el gobierno se ha convertido en enemigo jurado del
pueblo y aliado servil de las trasnacionales y permisivo contra el crimen organizado.
¿Es el crimen organizado un verdadero problema para el actual régimen?, es
evidente que si, pero la comunión entre políticos y crimen organizado atenúa en
mucho tal riesgo. Pueden convivir sin destruirse. No resienten la disminución en
el ser de cada uno por la razón de existir fuertes vínculos entre ambos.
Con
la nación mexicana la historia es otra. El pueblo llano, el más pobre si
resienten todo el peso de los impuestos, los abusos, la corrupción extrema, la
violencia, la falta de garantías individuales en la práctica, la desprotección de
los derechos humanos, la falta de trabajo bien pagado, la falta de educación y
todo lo que debería ser responsabilidad del gobierno que para eso se creó, se
mantiene y se sostiene con el dinero de los más pobres; los ricos pagan poco o
simulan pagar impuestos, tienen todos los medios para no terminar pagando
impuestos.
Basta
con ver la forma en que se combate al crimen organizado y al pueblo llano. Al primero
se le combate sin mucha convicción y se agrandan los “éxitos” gubernamentales a
través de los medios informativos tradicionales sin que se vea mermado su poder
económico y político de los narcos. Al pueblo que se manifiesta contra todas
las atrocidades del gobierno, a ese sí, se le combate rabiosamente con toda la
fuerza del Estado (del que es sostén el pueblo) y en especial con la violencia
institucionalizada, con el argumento de imponer el Estado de Derecho
(Democracia), que en realidad es un Estado de Derecha (Tiranía).
El
crimen organizado no solo no representa un peligro para el gobierno en turno
sino que es un síntoma de la decadencia gubernamental sin la corrupción y mal
manejo de la economía no habría tanta delincuencia; en cambio, el pueblo quiere
su libertad, quiere la justicia y quiere cambiar y castigar a los políticos responsables
y culpables de toda la corrupción. Esto representa un atentado contra el
gobierno que sin más se lanza contra el pueblo bajo el símbolo de las tres “Ps”
del Derecho Pernal que solo se aplica a las prostitutas, para, con el discurso de que es ilegal la prostitución,
paguen ilegalmente cuotas, contra los pendejos,
que no entienden el contexto y contra los pobres
en donde entra el grueso de la población, familiares de las victimas (caso de
los 43), inconformes, críticos, opositores, campesinos, obreros y todos los que
no estén a favor del gobierno.
Son
impresionantes los operativos contra manifestaciones civiles en todo el
territorio mexicano sin que se trate de simular siquiera la enorme desproporción
de fuerzas, el número y las armas gubernamentales por un lado, contra piedras y
palos por el otro. El argumento: mantener la paz social. Esto evidentemente es
una mentira. La paz social no se logra con violencia por muy legal y legítima
que esta sea sino con la práctica férrea del republicanismo democrático, es
decir, con la administración austera, por parte de los políticos, de lo público,
bajo la voluntad popular. Con todo lo que se alzan los gobernantes y políticos mexicanos
se puede dar al pueblo educación, seguridad pública, social y todos lo básico para
vivir dignamente.
Un
gobierno se le puede medir por la aplicación del Estado de Derecho y en
concreto en la aplicación del Derecho Penal, mientras más intensa su actividad
en el rubro penal menos eficiente es el gobierno en sus fines. Tiene necesidad
de imponer terror pánico para que el resto se mantenga en zozobra a pesar de su
pobreza. El Derecho Penal debe en primera y última instancia contra los
gobernantes y políticos corruptos. La violencia legítima debe usarse contra los
mexicanos que sin causa justa traten de cambiar el sistema o atenten contra el
Estado mexicano (territorio, población y gobierno), no contra el pueblo que se
lanza contra el mal gobierno.
Si
las cosas no cambian y deben de cambiar, empezando por el mal gobierno, la aplicación
del Derecho Penal y el uso de la Fuerza Legitima seguirán exclusivamente en
contra del pueblo, de ese pueblo al que los gobernantes y políticos llaman, con
lágrimas en los ojos, pueblo soberano, amado, hermano y mil dulzonerías mas.