El matrimonio entre seres humanos
del mismo género, es, un rubro que debe estar inscrito exclusivamente al ámbito
del Derecho con la exclusión absoluta de las normas morales o sociales. Las
normas morales condicionan el pensamiento interno de los individuos; las normas
sociales, condicionan el ámbito social en sus diversos estratos.
Ahora bien, el Derecho, tiene su ámbito de acción en el
mundo del deber ser, porque si regulara hechos sociales, es decir, la realidad se estaría en el
campo de la Sociología. El Derecho tampoco debe intervenir en la parte mental
de los seres humanos porque esa es un área de la Psicología. Así pues, se deben
emitir normas que estén libres de toda moralina o de otras tendencias que no
pertenecen exclusivamente al Derecho.
Los moralistas por excelencia, los teólogos, ignorando el
mínimo rigor del método y sin observar el fondo, se desgarran públicamente las
vestiduras y quisieran, que en lugar de Derechos se viva con normas morales
que, ellos en exclusiva emitan.
El matrimonio entre personas del mismo sexo no debería ser
un problema y no lo es, hasta que llegan los chatos de mente y revolotean hasta
prender en los ignorantes la llama de la anarquía. Si tuvieran buena fe,
reducirían su actuar a no casarse con personas del mismo sexo pero, eso sería
mucho pedir. Se les ocurre que las matanzas, las desapariciones forzadas, las
violaciones a los derechos humanos, la hambruna que esclaviza al pueblo llano y
lo mantiene paralizado son delitos y cosas menores ante el amor que se profesan
dos personas y exigen sus derechos como sujetos de derechos y obligaciones y
que, humanísticamente se les debe respetar.
Que los sacerdotes rijan todo lo que quieran en su ámbito de
acción, es decir, la moral pero que no traten siquiera de usurpar el poder público
y contaminar el Derecho con su moralina.
El Estado, es decir, el poder público, debe crear y
promulgar normas jurídicas generales, que abarquen a toda la nación o, a un grupo
determinado; abstractas, que no pierdan su vigencia por su uso; que tengan una sanción
que pueda ejecutarse, aun contra la voluntad de los gobernados. Claro no hay que olvidar la justicia como un
valor que deben perseguir los seres humanos.
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