La
actual situación en que se encuentra el pueblo mexicano no es producto del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es la inercia del régimen priista
y panista. No se le puede reprochar en tan corto tiempo a este gobierno el desastre
en que lo dejaron y que sus efectos sigan produciendo males. Los responsables
han sido los malos gobiernos priistas y panistas que desmantelaron al Estado
mexicano al punto de tornarlo más ineficiente para controlar a los delincuentes
de todo tipo.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca hasta ahora ha sido un órgano que
verdaderamente sea un contrapeso para los órganos Ejecutivo y Legislativo. En el
Presidencialismo priista el órgano judicial era un apéndice del ejecutivo
federal y de los ejecutivos estatales. En todo momento han respondido a los
intereses del régimen priista. Estaba para proteger al régimen y su
continuidad.
Un
análisis de la impartición de justicia en México, partiendo de los procesos, de
las sentencias, de las presunciones, de las tesis jurisprudenciales, las jurisprudencias
y de la actuación de las autoridades se puede colegir que ese sistema judicial
era una verdadera casa del horror. La presunción de culpabilidad era la máxima en
este el sistema inquisitorial y hasta el nombre significa ya una condena
adelantada. Porque caídos los ciudadanos en el pantano de la justicia mientras más
se defendían más se hundían.
La
prueba confesional era la prueba reina, tanto en el área penal como en la
civil, allí estaba anclado todo el sistema, era su punto neurálgico. Confesado
un ciudadano poco se podía hacer que no fuera recurrir a la corrupción de los
jueces en todos sus niveles. Y, como la confesión era la prueba reina esta se debía
obtener a como diera lugar y por medio de cualquier método de tortura. Estos
procedimientos iniciaban con la temible policía judicial y, aun sabiéndolo los
jueces dictaban sentencias condenatorias sin importar la dignidad humana ni ningún
derecho humano. Este régimen es el que avalaba y sigue avalando la Suprema
Corte a través de sus tesis jurisprudenciales y jurisprudencias. Allí están en
la internet y libros que pueden ser consultados.
En
todo momento en que el presidente en turno ha propuesto a los Ministros de la Suprema
Corte estos le han debido el puesto y en el Presidencialismo eran meros
soldados del régimen; eso sí, bien pagados. Eran sumisos a ese régimen político
que tanto los beneficiaba poniéndolos como una casta noble y bien pagada y que cometía
excesos como el boato ofensivo entre un pueblo cada vez más pobre. La justicia
estaba al servicio de la política. La Suprema Corte nunca fue autónoma.
LA
Suprema Corte como producto de un régimen antidemocrático y sin fin de justicia
muestra su naturaleza en este sentido y, hoy que se las circunstancias exigen
que aporten quiere seguir como un bastión del viejo régimen priista y como un
lugar donde se haga la reacción al nuevo gobierno y se obstruya la construcción
de un nuevo régimen político a la par de un nuevo sistema jurídico que tenga
como fin la justicia.
Preocupados
y ocupados en vivir en su zona de confort los Ministros, Magistrados y Jueces
se han atrincherado en una autonomía simulada y que nunca han tenido con el único
fin de preservar sus lujos excesivos; los puestos para familiares y amigos sin importarles
el pueblo ni la justicia pues es de justicia que aporten a la construcción del
nuevo Estado. Ante su franca oposición a la soberanía del pueblo se les debe
dar un ultimátum y en todo caso destituir y nombrar nuevos Ministros,
Magistrados y Jueces.
El
órgano judicial en sus diversos aspectos los han convertido sus titulares en
propio y en verdaderas Agencias de Contrataciones en donde el requisito
fundamental es ser pariente de Ministros, Magistrados y Jueces. Y, esto es
pervertir el sistema judicial, corromperlo en detrimento del pueblo y en
beneficio de esa casta descastada del pueblo. Si no se pone remedio a este problema
no se podrá alcanzar la justicia. Se debe hacer una revisión profunda y sistemática
del órgano judicial para saber de qué tamaño y gravedad es la corrupción y los
excesos del mismo.
Permitir
que los titulares del órgano judicial se salgan con su cometido es una derrota que
no se puede permitir el pueblo de México. Es de mencionarse que la Suprema
Corte fue omisa y permisiva ante la corrupción de los funcionarios públicos,
desde el presidente en turno hasta los propios, contribuyendo al despojo arbitrario
de los bines públicos, la represión brutal y sistemática del pueblo, avalando
violaciones de derechos públicos y dando protección a los más corruptos.
Esos
ministros que ahora se quejan amargamente vieron con ojos impasibles como se cometían
injusticias contra el pueblo y nunca dijeron media palabra, por el contrario
fueron cómplices de tanta corrupción. Si el pueblo no puede imponer las
condiciones en que debe ser la justicia justamente ante las circunstancias
actuales no puede ni es soberano pues los Ministros se habrán alzado como
soberanos y de aquí en adelante serán siempre opositores exitosos ante el
pueblo.
Se
debe terminar la época en que el Presidente de la Suprema Corte sea el
Presidente de la Judicatura Judicial. No es razonable ni benéfico que el mismo
funcionario público que preside la Suprema Corte sea a la vez quien se auto vigile
y vele por el buen comportamiento del resto de los impartidores de justicia. No
se ha visto que sean castigados los corruptos en este órgano judicial pues ello
equivaldría a combatir a familiares y amigos.
Se
debe declarar esta Suprema Corte en desacato popular así como a cualquiera otros
funcionarios que sientan que están por encima de la soberanía nacional con la correspondiente
destitución, liquidación y en su caso puestos ante la representación social en
caso de cometer delitos. Si la democracia no llega a la Suprema Corte pronto lo
lamentara el pueblo.
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