LA CONTINUIDAD DE RÉGIMEN COMO PROTECCIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES

La cúspide de la privatización de los servicios y bienes públicos en México se realizó el año 2015 y también  fue la cúspide de la debilitación del gobierno en todas las áreas que no fueran necesarias para mantener esa privatización.  De este modo era menester mantener al ejército, la marina y todas las fuerzas públicas apuntalando esas reformas llamadas estructurales. No fue suficiente la privatización sino se garantizaba su seguridad a través de la continuidad del régimen. El fraude electoral en el estado de México en el 2017 es parte del paquete de seguridad ofrecida por el gobierno a los dueños de lo público convertido en privado.

Para las elecciones del 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto debe mantener la continuidad del régimen para evitar dos circunstancias; la primera, es mantener las privatizaciones marcadas por la corrupción en plena vigencia y seguras de no ser tocadas, por lo menos hasta que sean hasta el siguiente sexenio; después ya se verá; segundo, mantener la impunidad personal y de sus cómplices por tan desaseadas privatizaciones.

El mecanismo es el mismo. Se debe extender la acción del ejército, la Marina y la policía federal en pie de guerra para sostener las privatizaciones. El terror a lo Maximilien Robespierre aplicado al pueblo debe ser suficiente para ese continuismo y esa impunidad. La dosificación de ese terror debe ser tal que vaya controlando a los inconformes, debe ser tal que se evite la persecución de los corruptos.

Se dice que La Ley de Seguridad Interior es necesaria para la actuación del ejército y Marina  pero eso resulta sospechoso y, falso pues ya habían transcurrido 11 años en los cuales no había sido necesaria esta ley. De las constantes violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y masacres, ejercito y Marina no han entregado cuentas ni han sido castigados los responsables y pocos culpables. Porque responsable es Peña Nieto como comandante de todas las fuerzas armadas y culpables aquellos que han sido declarados por los tribunales.

Ahora bien, la corrupción es un problema para Peña Nieto y compañía y, la atendió poniendo un candidato panista en lo formal pero priista en la realidad que no cargue con la podredumbre del régimen. Pero no es suficiente esta estratagema, es imperioso que la protesta social se criminalice, se tenga la oportunidad de reprimir a través  de la Ley de Impunidad y represión Interior. Es evidente que el desastre de Atengo en el estado de México dejo una enseñanza permanente en Peña Nieto. La represión debe ser legal y selectiva. En efecto, otorgado el poder económico y político a las trasnacionales se les debe garantizar que el imperio económico no sea tocado. Ley y fuerza pública puestas al servicio de la iniciativa privada. A las trasnacionales no les importa la democracia sino las ganancias.

Se puede alagar que, la oposición es mayoría y que no permitirá el continuismo ni el menoscabo de lo público. El Partido Acción Nacional, es decir, la derecha, se ha vuelto tan corrupto como el Partido Revolucionario Institucional y en ocasiones lo ha rebasado. Por su parte el Partido de la Revolución Democrática, partido formalmente de izquierda, se ha convertido en el sirviente, en el lacayo de la derecha y, lo único que se puede esperar es que, luche con todas sus fuerzas y rabia a favor del panismo. Todo esto únicamente fortalece al régimen actual pues no han propuesto ni propondrán realmente un cambio de régimen sino solo de quien lo encabece. Para eso está hecha esta alianza anómala.

En resumen, el régimen Presidencial está agotado y rebasado al haber entregado el poder político y económico a las trasnacionales. No obstante,  el gobierno actual debe garantizar sino el control total del pueblo mexicano si por lo menos el manejo del mismo, bajo circunstancias que puedan ser manejadas las ganancias con el mínimo riesgo. Para ello era necesario legalizar la represión de las protestas públicas ante el continuismo solo posible a través de la profundización de la corrupción de la política. Es sabida la capacidad de corrupción del régimen para llevar a cabo fraudes electorales y su capacidad de mutación en los métodos. No se debe esperar un siguiente fraude al estilo estado de México sino uno con sus propios métodos inéditos.