I
LA PERSUASIÓN COMO MEDIO DE CONVENCIMIENTO Y DE CONTROL
El Tribunal
Federal Electoral dictó sentencia inapelable y los priistas en voz de Pedro
Joaquín Coldwell, han inmediatamente dicho que los partidos y en especial los
de izquierda acepten dichas sentencia. A esto se han sumado la Conferencia del
Episcopado Mexicano así como medios y periodistas incondicionales al
sistema. Del Partido Acción Nacional no se podía esperar otra cosa que la suma
al pensamiento de los priistas. Ahora bien si vemos el panorama parece ser que
no hay forma alguna de poder transitar hacia la democratización del poder
publico, y digo democratización y que no la desaparición de las instituciones
debido a que se necesita de estas para el buen funcionamiento del Estado, cosa
que bien vista no solo es posible sino necesaria. En efecto, hago notar que
existen los elementos necesarios para la democratización del poder público.
Primero,
existen desde antes del dos mil, generaciones de mexicanos que ya no crecieron
bajo el sistema presidencial priistas y por ende, tienen una ideología e
identificación con las formas democráticas. El cambio del gobierno priista en
el gobierno federal es producto de variados factores pero, esencialmente del
voto de generaciones de mexicanos conscientes de que el sistema presidencial
priista era todo menos democrático. Décadas de horrenda tiranía deberían
terminar y parecía que los panistas traerían un poco de democracia transitiva
para consolidad la democracia. Sin embargo, estos conservadores inmediatamente
hicieron suyas las prácticas priistas hasta confundirse con el viejo régimen,
tanto en el rubro anti-axiológico como en lo ontológico, antivalores y el ser
de dos partidos se volvió unidad. Más aun, en muchos rubros superaron a los
priistas en cinismo y voracidad por el erario y los puestos públicos.
Segundo, existe
una conciencia democrática que se ha transformado en acción, es decir, hay una
praxis del ejercicio de la voluntad soberana. Desde siempre ha habido
corrientes de pensamientos libres que han pugnado por la democratización del
poder político e implantar nuevos valores a la vida nacional que redunden en
beneficio del pueblo en general. Estas corrientes ahora se han visto
fortalecidas, renovadas y vivificadas por las generaciones de jóvenes que han
aprehendido nuevas formas de hacer política y que han ido a la acción con toda
una nueva visión del ejercicio del poder. Se han vuelto hacia la
híper-post-modernidad sin abandonar la axiología propia y benéfica en casi
todos los ámbitos de la vida pública.
Tercero, estos
movimientos renovados y renovadores han encontrado amplias vías de comunicación
en las redes sociales que no solo sirven para la comunicación entre personas en
temas triviales sino para la organización de las acciones a tomar en contra de
todo ese poder cuadripléjico en donde desesperadamente se mueven los políticos
conservadores así como los medios de comunicación tradicionales y al servicio
de los gobernantes en turno.
Es de esperarse
que la sociedad en general y los jóvenes en concreto puedan superar este
estadio previo a la democratización del poder político primero y después de
todos los ámbitos de la vida nacional mexicana, sepultando a este viejo e
inoperante sistema y que solo beneficia a unos pocos mexicanos privilegiados
por la corrupción y la impunidad.
Bien vistas las
acciones y la retorica de los priistas y demás actores afines al status quo,
utilizan la persuasión como forma de convencimiento y de control. Solo aquellos
mexicanos que no tienen la mínima consciencia de la realidad profunda de este
sistema injusto, solicitan que los mexicanos conscientes dejen de luchar en
contra de quienes quieren tiranizar al pueblo mexicano, es decir, quieren que
el soberano siga siendo siervo acrítico. Eso seria un grave error. Los
mexicanos conscientes deben luchar hasta cambiar este lastimoso estado de la
vida nacional. El gobierno puede parecer solido tal y como era percibido el de
Porfirio Díaz que al final resultó ser tan endeble como su mismo símbolo, el
viejo general.
II
LAS INSTITUCIONES MEXICANAS COMO GENERADORAS DE LA PARÁLISIS NACIONAL
Ahora bien,
dentro del Estado mexicano están las instituciones electorales que en teoría
están para darle cause a los procesos en donde se eligen los
funcionarios públicos que ejercerán la soberanía nacional, que, para fatalidad
nuestra la han dividido en tres soberanías (Legislativa, ejecutiva y Judicial).
Es evidente que las instituciones transitan en un marco jurídico demasiado
estrecho en donde los cambios políticos no pueden darse debido a que están al
servicio del propio gobierno en turno y no a favor del pueblo soberano
(soberano en la formalidad no en la práctica). Aquí tenemos por lo pronto la
causa del por que no se pueden esperar cambios políticos a través de las
instituciones electorales. En el caso presente del Tribunal Federal electoral
que responde a intereses particulares y de partido y no al pueblo.
En consecuencia
le compete al pueblo soberano cambiar su forma de gobierno (articulo 39
constitucional), ya que es el soberano y solo da a los gobernantes las
atribuciones para el funcionamientos de los órganos del Estado no así la
potestad soberana. En efecto, nunca el pueblo da su voluntad soberana a los
gobernantes ya que esta es inalienable (no se puede ceder, dar o traspasar el
dominio) e imprescriptible (Es decir que el derecho de ejercer la voluntad
soberana nunca la puede perder el pueblo). Aquí se puede contrastar que la
sociedad tiene la necesidad del dinamismo en todo momento aunque no en todo
momento el pueblo ejerza con acciones ese dinamismo. Por el contrario, las
instituciones al ser parte del Estado tienen casi una vida paralitica que no
les permite ir a la par del dinamismo social. Este divorcio entre instituciones
y sociedad se ve en todo momento de la vida nacional. Es por ello que no se
pueden esperar los cambios desde las instituciones sino solo desde la sociedad.
Ahora bien, la
voluntad soberana es una y solo una y no tres o treinta y cuatro como
falsamente se afirma en nuestra Constitución General y en concreto en al
artículo 41 (ejecutivo, Legislativo y Judicial), ni tampoco los estados
integrantes pueden ser soberanos como se asevera en el artículo 40 de nuestra
Carta Magna. Sobre estas ficciones ha transitado la vida nacional
multiplicándose los soberanos falsamente en detrimento del verdadero soberano:
el pueblo. Esta Constitución se debe depurar de las malas leyes que allí están
plasmadas y que solo benefician a la clase burguesa y política. Bien volvamos a
la voluntad soberana. Para beneficio de los burgueses, políticos y gobernantes
se asevera que la voluntad soberana tiene sus límites en la representación
según el artículo 40 constitucional y que todo lo que hagan los políticos en el
ejercicio de sus cargos de elección popular debe pasar como actos del pueblo
debido a esa representación soberana. Esto es a todas luces falso, porque tal y
como se colige de manera justa, el pueblo nunca otorga su potestad soberana a
los gobernantes sino solo les da los atributos para ejercer el gobierno, es
decir son meros administradores del erario y bienes públicos (Órgano
Administrativo), simples impartidores de justicia (Órgano Judicial) o simples
hacedores de leyes (Órgano Legislativo). Con simples quiero significar que
están por debajo de la categoría del pueblo soberano sin que esto les quite la
importancia a los tres órganos para ejercer eficazmente sus atribuciones por
mandato del pueblo.
Así pues, llego
a la conclusión de que la voluntad soberana es una pero su ejercicio no se da
de manera espontanea, uniforme ni general. Si esto fuera así en todo momento se
estaría en constantes convulsiones nacionales y no seria posible la vida
pacifica en sociedad alguna. Veamos pues como es posible que el pueblo ejerza
su soberanía para el bien o el mal común. Hay una voluntad soberana general que
es de todo el pueblo mexicano. En el ejercicio de la soberanía esta puede ser
activa y criticar al gobierno para delimitar el alcance del ejercicio del poder
político y tratar de realizar los cambios cuando son necesarios o ser pasiva y
aceptar los excesos del gobierno, limitándose a votar y yendo felizmente a
seguir los dictados del gobierno en turno con lo que se anula también la
voluntad soberana activa. Es pues necesario que la sociedad en su conjunto no
se deje engañar con la propaganda oficial que sigue incansable con su cometido
de hacer que el verdadero soberano, el pueblo, no mande sino solo vote y tenga
por propio lo que no ha pactado y menos otorgado: su voluntad soberana. En
efecto, no se puede concebir que cada candidato al gobierno tenga una
plataforma de campaña y el pueblo acepte, según sea el caso y grado, dicha
plataforma y promesas de campaña y en ya en el ejercicio de la administración o
los otros dos rubros se haga la santa voluntad personal o de partido en
detrimento de la población en general y queden impunes dichos embusteros.
Es por las
motivaciones anteriores que los ciudadanos conscientes deben ejercer la
soberanía activa hasta que se logre el consenso general de que la soberanía
popular no debe ni puede estar por debajo de las leyes, por mas
constitucionales que estas sean y debe, el pueblo, de manera directa de hacer
los cambios que considere pertinentes aun a través del uso de la fuerza cuando
los gobernantes no estén dispuestos a ceder en sus pretensiones tiránicas o contrarias
al poder soberano, ya que si el soberano no pudiera recurrir al uso de la
fuerza para impedir que le sea escamoteado esa soberanía inalienable e
imprescriptible, estaría a merced de auténticos lobos insaciables que no
dudarían en someter al soberano a sus caprichos, tal y como ha venido
ocurriendo en la especie.
Ahora bien, los
cambios profundos en política como en la vida ya he dicho no se han hecho con
el consenso espontaneo y general de todo un pueblo empiezan con ideas
revolucionarias y ya después cunde la fuerza de esas ideas cuando estas son
generales y en beneficio del bien común. Esa es la clave que hasta ahora no han
querido tocar los burgueses ni políticos y menos los gobernantes.
Convengamos
entonces que por encima del pueblo soberano no puede haber leyes que lo limiten
de manera absoluta, ya que de aceptarse y permitirse tal cosa la voluntad
soberana quedaría anulada en su detrimento. Sea esto un principio.
III
REFUNDACION O REFORMA DEL ESTADO MEXICANO A TRAVES DE CAMBIO DE
CONCEPTOS Y DE LEYES JUSTAS.
Tal como he
dejado en claro la Constitución General de la Republica tiene sus claros
errores conceptuales que se traducen en diques para la vida democrática y es
por lo mismo que se debe cambiar en todo aquello en cuanto se oponga a la voluntad
soberana del pueblo y al bien común de todos los mexicanos. Aquí se debe pensar
en la refundación del Estado mexicano a través de la creación de una nueva
constitución o la reforma del Estado mexicano por medio de la reforma de la
Carta Magna. Insisto que esto se debe hacer con la participación fundamental
del pueblo soberano y no solo con las propuestas de los partidos políticos que
hasta ahora se han visto impotentes para hacerlo. En caso contrario se pondrán
leyes que den todos los derechos formales a los ciudadanos pero que en la
realidad serán inalcanzables, creando así la injusticia en todos los ámbitos:
político, social, económico, de seguridad publica, de educación, alimentación,
de vivienda y demás. Es de verse como se han creado a través de leyes
aparentemente benéficas instituciones, fideicomisos, institutos y demás
organismos públicos que solo sirven para que los gobernantes en turno junto con
sus incondicionales (hombres y mujeres de partido), arribistas, pillos de toda
clase y políticos se hagan ricos como compensación a su sacrificio por el
pueblo. Así lo aseveran en cada tribuna, periódico o medio de comunicación en
donde pueden lanzar sus discursos.
Seria muy bueno
que el pueblo tuviera iniciativas de leyes directas para que los delitos
cometidos por funcionarios públicos y políticos fueran graves a partir de
determinadas condiciones tales como la preparación de delitos con agravantes,
gastos excesivos, cobro de porcentajes por la obra publica o mala calidad de
esta, fraude al erario, colusión con el crimen
organizado, protección a la delincuencia, enriquecimiento indebido
de él o de sus familiares o prestanombres, mal uso de los recursos públicos en
todas sus modalidades y todos aquellos que los peritos en la materia ayuden a
determinar al pueblo. Es menester que se ponga como principio que el pueblo
soberano pueda ejercer su soberanía de manera directa sin oposición de
autoridad alguna en los casos que se determine.
IV
INICIO DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LA COSA PUBLICA
Dentro de las
reformas indispensables e inaplazables están la de la rendición de cuentas. No
hay forma ni los medios para hacer que un funcionario público haga la rendición
concreta de su cargo público. Todo son generalidades y secrecías impenetrables
del ejercicio público del poder sin reclamo alguno. Lo que se traduce en
impunidad oficial para todo lo publico y solo de vez en vez cuando algún
funcionario con el mayor descaro cae en la desgracia los políticos lo
sacrifican de tal suerte que no hay una exigencia de rendición de cuentas
general a los demás funcionarios o políticos.
Bien podría
empezarse por crear organismos ciudadanos bien controlados por el pueblo que
vigilen y fiscalicen los tres ordenes de gobierno. Es un craso error dejar la
vigilancia de la hacienda municipal a un organismo que depende del presidente
municipal tal y como lo es, la Contraloría Municipal; en el caso de los estados
hace esta función un organismo que depende del gobernador. Pongo como ejemplo
el caso de Puebla donde la SEDECAP (Secretaria de Desarrollo, Evaluación y
Control de la Administración Publica) vigila y fiscaliza las acciones del
propio gobernador, finalmente al gobierno federal tiene la Auditoria Federal de
Fiscalización que depende del presidente en turno. Es inútil que se hagan
protestas a lo que asevero cuando se ha visto hasta el cansancio como la
inmensa mayoría de los funcionarios públicos y políticos se hacen ricos de
maneras escandalosas.
En este
contexto se encuentra el pueblo soberano de México. Esta es su hora de hacer
valer esa voluntad soberana en contra de todos los gobernantes que han creído
haber recibido la potestad soberana y han hecho de su voluntad personal
voluntad popular de manera simulada. Ahora bien, queda claro que la legalidad
esgrimida por los gobernantes ya sea en ejercicio o electos es insuficiente
para lograr que la voluntad soberana se encamine hacia la democratización del
poder público. En consecuencia la sociedad mexicana debe hacer uso de su
soberanía de manera directa par transitar de gobiernos voluntariosos a la
democracia en donde todos, empezando por los gobernantes y políticos se sujeten
a la voluntad soberana y democrática, donde el bien común sea el sello distintivo,
en donde el ciudadano sea un elemento activo de la vida nacional y
no un simple votante y observador pasivo de la cosa publica.