Toda
represión legal del descontento social en el distrito Federal o cualquier otro
estado es señal clara de un gobierno autoritarista. La represión no soluciona
los problemas sociales tan solo los encubre de fea manera. Esto tiene dos
efectos inmediatos. El primero es el de mostrar el cinismo sádico de las
autoridades que poco les importa la pobreza del pueblo y segundo, la protección
legal de la corrupción gubernamental.
Se
muestra toda la precariedad del Estado mexicano al atender las órdenes de los
monopolios extranjeros e internos sobre la política económica de los bienes
nacionales en todos sus rubros y la indiferencia que se tiene por la suerte del
pueblo. El Estado mexicano no gobierna favor del pueblo mexicano sino en favor
del capital privado. Incapaz de oponerse a los mínimos deseos del capital los gobernantes tienen que simular que aplican y defienden el Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho que permite impunemente el saqueo del erario y el derroche de los bines nacionales por parte de los gobernantes y, políticos y a la vez produce cada dia, cada semana, cada trienio, cada sexenio millones de pobres nunca puede ser bueno. Una constitución general de tal clase así como las leyes emanadas de la misma no pueden ser mas que de un gobierno autoritarista, malsano y colaboricionista del capital privado.
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