ESTADO DE DERECHO Y LEGITIMIDAD

 Un Estado democrático debe, evidentemente, cumplir entre otras cosas con un Estado de Derecho que funcione no en su totalidad absoluta pero si en su plenitud activa que abarque a todos los individuos de la sociedad civil sujetos de derechos y obligaciones, a todos los políticos en sus aspiraciones de toma de poder y, a todos los funcionarios públicos de todos los niveles, empezando por los que encarnan los tres órganos de gobierno en sus más altas jerarquías, así como a los que tienen la representación primaria de las instituciones hasta los niveles más bajos de todos estos órganos e instituciones.

Esta jerarquización de la aplicación de las normas que regulan el quehacer de la sociedad civil, de los políticos y de los funcionarios públicos, así como las derivaciones del actuar de estas tres campos, cuando cometen ilícitos debe empezar en las más altas esferas del poder y de allí derramarse hacia los dos ámbitos restantes. En caso de ser esto, de manera contraria se estará ante una versión torcida de la democracia, una simulación, dado que entonces se estará ante, el uso de lo público para intereses particulares de gobernantes, de partidos o de facciones.

En este contexto, quienes llegan al gobierno a través de la violación de las leyes de cualquier índole o del conjunto de varias áreas del derecho positivo estarán bajo la precariedad de los dos conceptos del poder: la legitimidad y la legalidad. Si se llega torciendo cualquiera de estos dos requisitos estarán menesterosos de uno o de ambos rubros. La legalidad es el camino, el procedimiento donde se observen los procedimientos y la aplicación de las normas sustantivas que señalen los ordenamientos aplicables al caso concreto; la legitimidad es, por otro lado, la convicción de la mayoría de los gobernados, que aun no habiendo votado por los ganadores, tengan la certeza de que son los que merecen la confianza plena para detentar y ejercer el poder público.

Todos los gobiernos que no logran estos dos requisitos se ven en la necesidad imperiosa de llevar a cabo actos, por todos los medios, que tiendan a legitimar o, a legalizar el poder conseguido. Ante la falta de gobernabilidad por la falta de alguno de estos rubros o de ambos, no importa cómo, se llevan a cabo tales actos bajo las apariencias de legalidad. Esto aunque tenga su sesgo político, se tratara de hacer pasar como un acto bajo la ley y dentro del marco del Estado de Derecho. De esta manera se han hecho detenciones, consignaciones ante la autoridad jurisdiccional que, ya sea por consigna, por estar de acuerdo con el órgano ejecutivo para ello o por estar bien integrada la averiguación o averiguaciones previas, dan como resultado la venganza, la represión política de los enemigos o la simple consecución de la legitimación del gobierno en turno. Precisamente, la legitimación es el elemento más difícil de conseguir debido a que depende de la multitud de ciudadanos que están disgregados por su diversidad de militancias, simpatías políticas o por mera lógica y razón que se niegan a otorgar su voluntad para ser gobernados. En cambio, la legalidad está encargada a instituciones y tribunales que sancionan la legalidad de los procesos electorales.

En México se ha procedido casi exclusivamente de manera fraudulenta para conseguir el poder desde que se logró la alternancia, ya había antecedentes de esta práctica, que se pensó caería en desuso pero que quienes tuvieron la responsabilidad de salvaguardar la legalidad y la legitimidad no tuvieron empacho en violentar, tanto la legalidad como la legitimidad. Por esto, el Estado mexicano (órganos, instituciones, políticos y sociedad civil) se han enfrascado en una lucha sorda, unos por que prevalezca el Estado de Derecho y los otros por seguir al margen de ese mismo Estado de Derecho. Esto no se da de manera rígida ya que en determinados momentos los partidos de los más disímbolos intereses se coa-ligan, ya de facto ya de derecho para alcanzar sus fines particulares. El más excéntrico de los actos que han realizado las diversas fuerza políticas es, el llamado Pacto por México, a mi entender es, solo una simulación sin sentido, no va al fondo de los problemas: la aplicación del Estado de Derecho a todos los sujetos de derechos y obligaciones, empezando por las cúpulas representativas del ejercicio del poder.

Claro, está la aplicación de la ley a la delincuencia organizada que sin embargo, es un derivado de la falta de aplicación del derecho positivo a los actos ilícitos en lo administrativo, electoral y penal. De esta manera, se a logrado aplicar las leyes coercitivas en contra del pueblo soberano y se ha evadido por todos los medios la aplicación a políticos, ricos, a quienes encarnan a los poderes facticos y en general a todos los servidores públicos. No estamos ante un Estado de Derecho sino un estado de Derecha que aplica las normas coercitivas de manera selectiva. Este es el gran dilema no solo del pueblo sino de todos los actores que inciden de manera directa o indirecta en lo público.

Ante la debilidad y dependencia fáctica del Estado para con el poder económico y los poderes facticos de toda clase se debe replantear la función del Estado para definir claramente, el ser y el deber ser del Estado ante la nueva realidad. Si no se logra siquiera la imposición de la racionalidad normativa que abarque a todos para un fin del conjunto se estar ante el espectáculo de lucha continua sin llegar a madurar siquiera el Estado en su estadio de postmodernidad.

Deben entender los políticos y todos los grandes actores políticos que el caos, el azar, la incertidumbre solo traen como consecuencia la debilidad del todo, aunque algunos tengan pingues ganancias. Un pueblo solo logra dominar su devenir o competir exitosamente con los demás pueblos cuando logra armonía en sus partes y se propone un fin único, dejando las accidentalidades surgir y perecer bajo la colectividad. En México hasta ahora, se ha tratado de imponer una visión particular sin tener un fin general. Ora se trata de perpetuarse como partido en el gobierno totalitario, ora se trata de imponer el reino de Dios en la Tierra, ora se trata de abolir el Estado burgués mientras el fin del conjunto se ha postergado una y otra vez. ¿Qué debe entenderse por visión nacional?.

La legitimidad que no se gana con la certeza suficiente y se quiere imponer a través de métodos poco acertados y conocidos por la mayoría pensante será fallida y ello tendrá como resultado, ante el fracaso, el discurso cínico para justificar ese mismo fracaso. 

ELBA ESTHER GORDILLO: UN QUINAZO MEJOR PREPARADO

Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la Republica, tenía el lastre de ilegitimidad, había sido la elección de 1988 un fraude a todas luces. El gobierno federal estaba a cargo de vigilar las elecciones y estaba a cargo de ello Manuel Bartlett como Secretario de Gobernación. Estaba el conteo de los votos e iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas cuando falló el sistema de cómputo. Cuando se reestableció el sistema de cómputo ya iba ganando Salinas de Gortari. Ya no perdería, Salinas esa ventaja.  

Inmediatamente que tomó posesión del cargo, Salinas de Gortari, inicio su legitimación. La Quina, líder, petrolero, había tenido claras y ríspidas desavenencias con Salinas y tenía simpatía por Cuauhtémoc Cárdenas. Se le sembraron armas y un cadáver a la Quina y se le detuvo, proceso, sentenció y este purgó su condena. Con esto se legitimó, en cierta medida, Carlos Salinas en su gobierno. Mano dura habría de tener Salinas contra sus detractores y opositores. Los perredistas y la izquierda fueron de su preferencia. Miles de muertos sufrió la izquierda.

El caso de Elba Esther tiene muchas aristas. Todos sabemos que la maestra es responsable de las ostentaciones de lujos inexplicables, excesos, uso de poder casi ilimitado y todo lo que es público en ella. Sin embargo, su caso tiene el mismo fin: la legitimación y un claro mensaje para sus opositores y sus detractores de qué tipo de gobierno se va a desplegar por los priistas. Sumisión al gobierno o mano dura.

No dudo que Elba Esther sea responsable de todo lo que la acusa la Procuraduría General de la Republica, con todo, me parece que el gobierno de Peña Nieto planeó mucho mejor este golpe psicológico que el de la Quina para legitimar a un presidente cuestionado por su ilegitimidad, por el fraude además de legitimar el régimen priista. Este sistema no tiene ni tendrá miramientos contra antiguos aliados. Se acepta a Peña Nieto o habrá “aplicación de la Ley”. El tiempo (no muy largo), nos dirá si caen Romero Deschamps y todos los que encarnan los poderes facticos que han minado el poder público.

Elba Esther era claramente una piedra en el zapato priista para la implementación de la Ley educativa. Era preciso quitarla del camino. ¿Por qué no se detuvo a otro líder cualquiera?. Mi respuesta es que esto fue selectivo. Es una venganza más que la aplicación de la ley. No es que la lideresa del SNTE no tenga responsabilidades y que no sea justa la petición de los mexicanos de ser investigada y en su caso que se le finquen las acusaciones procedentes pero esto es más una cuestión política que jurídica. Recordemos que a Al Capone el gobierno de los Estado Unidos no lo pudo acusar por los delitos que cometió pero si por cosas fiscales. Este caso está en el mismo sentido: el financiero que es el único en el caso de Elba Esther, a diferencia de Capone.

Los mexicanos debemos estar atentos a este caso, no para defender a Elba Esther sino para defender la legalidad y la legitimidad de quienes gobiernan en el caso de que la tengan. En caso de que no la tengan no debemos aceptar una legitimación a través del uso político de la justicia. Aceptar viejas prácticas priistas es aceptar la sujeción a un sistema que debe desparecer para dejar paso la plena implantación de la democracia. En el horizonte del gobierno de Peña Nieto se perfila la figura de Salinas de Gortari.

Era clara la confrontación de Gordillo con Emilio Chyaufet y su caída era una cosa lógica que no supo o no quiso ver la presidente vitalicia del SNTE. Este es el fondo político y se planeó en este contexto porque si hubiera seguido siendo aliada de los priistas seguramente estaría gozando de la misma impunidad que gozan todos los demás que encarnan los poderes facticos. 

LOS PRIISTAS COMO MEDICOS ESPECIALIZADOS. UNA ILUSIÓN PELIGROSA.

Con el regreso de los priistas a la presidencia de la Republica mostraron que estaban ávidos de volver a hacer realidad para ellos mismos, la propuesta también de su autoría a través del Cesar “El Tlacuache” Garizurieta: “Vivir fuera del presupuesto es, vivir en el error”. Es decir, vivir del erario como sátrapas o jeques árabes, sin ninguna responsabilidad. Ahora bien, para ello necesitan una estrategia para engañar al pueblo mexicano. En efecto, sin una intrincada red propagandística con relación a que Pemex necesita de forma imperiosa inversión privada, nacional e internacional, a efecto de que el pueblo permita que los priistas se beneficien de manera particular. Por otro lado, pondrán en marcha la Cruzada Nacional Contra El Hambre como segundo distractor nacional con el mismo fin. Es decir, que están aplicando la formula romana “Pan y circo”.

La fórmula discursiva de los priistas está basada en el diagnóstico médico. Los priistas se han convertido en médicos especializados por sí mismos, de todos los males nacionales. Han hecho su diagnóstico y nos han dicho que el paciente (nación mexicana), está en grave estado, casi en agonía. Para ello han recetado pan (Cruzada Nacional Contra El Hambre), sobre el grueso de la población más necesitada. Esto les abre la posibilidad de distraer y a la vez ganar la voluntad de una buena parte de la nación mexicana, no solo de los beneficiados y circo, toda la publicidad tendiente a despertar el sentimiento de esperanza de una buena parte de los mexicanos que quieren una mejor vida o por lo menos la esperanza que es, lo último que muere.

Los pueblos cansados del despotismo de los reyes clamaban la famosa frase: “Muera el rey, viva el rey”. Se desea vehementemente termine un mal gobierno, que muera (no necesariamente físicamente) quien encarne dicho órgano administrativo y que llegue otro que encarne el órgano ejecutivo y que represente la esperanza colectiva. Prácticamente la esperanza no muere sino solo se traslada al nuevo gobernante. Este es el papel que quieren los priistas que el limitado Peña Nieto represente, él solo no sería capaz de representarse así mismo, sin embargo, estamos ante toda la maquinaria del viejo y nuevo PRI, que son lo mismo, en conjunción con el capital privado nacional y extranjero, apoyados por El Fondo Monetario Internacional y todos aquellos que ven en la sobre explotación del petróleo, los demás bienes naturales y servicios públicos un manantial para sus propios intereses.

Además de diagnosticar los males nacionales, los priistas nos han dado la solución a esos males: la aplicación del neoliberalismo, que en resumen se trata de explotar al máximo los bienes de todas las clases (nacionales, naturales, minerales etc.) y los servicios públicos (salud, educación, puertos, aeropuertos, seguridad social etc.), es decir producir bienes de precaria calidad y servicios de mala calidad a efecto de imponer el máximo ritmo de consumismo. Resulta de todo esto que la “Cruzada Nacional Contra El Hambre” y casi todo lo que implemente el gobierno federal son, distractores bien montados a efecto de poder ahondar la privatización, tanto de los pocos bienes nacionales como de los servicios públicos.

Aunado a esto, se tiene como pago a la nación mexicana por el triunfo priista y su regreso al gobierno federal la intención clara de imponerle al pueblo más impuestos en alimentos y servicios. Es incongruente lanzar con toda la parafernalia propagandística tan costosa La Cruzada Nacional Contra El Hambre y por el otro lado, liberar las consciencias enfermizas de los legisladores, que no arriesgan un solo centavo de sus jugosos sueldos y prestaciones, para que funjan como matarifes del rebaño popular. La clase política priista en turno se han convertido en los verdugos de la democracia, de la traición a sus votantes y al pueblo en general. Combatir todo exceso en los políticos es una obligación ineludible para todo ciudadano consciente. Aceptar una incongruencia de tal naturaleza es estar en el umbral de volver aceptar un sistema totalitario y por ende, injusto solo para el pueblo.

Ante este estado de cosas, necesitamos de otros diagnósticos y de otras posibles soluciones a los males nacionales, que tengan como fin, el de no entregar los bienes nacionales y los servicios públicos a la iniciativa privada nacional y extranjera sin ninguna responsabilidad, tanto de esas iniciativas privadas y de los responsables del gobierno. Tener una sola visión de posibles soluciones es no tener libertad alguna de elegir y a esa senda nos quiere llevar el gobierno priista. Rechacemos esta visión única y torcida y busquemos alternativas que no sean entreguistas.

No tengo dudas de que hay nuevas  generaciones que están libres de sangre tiránica y que ya no se conforman con el paternalismo ilusorio del gobierno y que los medios sociales de comunicación representan opciones de construcción diversa a los gobiernos de una sociedad política con incidencia en los ciudadanos en la cosa pública. La solución debe ser de la nación en su conjunto y no de un solo partido, de un solo gobierno ni de una sola ideología. Muera el rey, viva el ciudadano. 

REVOLUCIÓN COPERNICANA EN LA POLÍTICA MEXICANA

 

Copérnico, en su obra Revulutionibus, promete dar solución a los problemas planteados por el modelo planetario de Ptolomeo que tenía como centro a la tierra, estando esta inmóvil. No lo logra. Usa toda la tradición matemática y de conocimientos de los filósofos griegos, romanos y del mismo Ptolomeo y jamás supera de manera cuantitativa ni cualitativa el modelo planetario de Ptolomeo. La pequeña gran aportación de Copérnico es haber puesto al sol como centro de su sistema planetario. De esta manera puso ante sus sucesores nuevos problemas que hasta entonces no habían sido intuidos de manera clara. Al darle teóricamente movimiento traslativo a la tierra fue menester una nueva física para explicar el movimiento. De allí en adelante los científicos tendrían que resolver los nuevos problemas físicos. No había vuelta atrás.

Tiempo después, Kant, hace en el conocimiento su propia revolución copernicana al hacer del sujeto y del objeto una relación dependiente que se implica. El sujeto que conoce no lo es, por el simple hecho de ser sujeto que conoce sino en cuento esta en estrecha relación con el objeto a conocer, es decir es sujeto cognoscente en cuanto está en el proceso de conocer. Asimismo, el objeto a conocer, no lo es, por el simple hecho de ser objeto sino en cuanto está en el proceso de ser conocido.

Con anterioridad a Kant, se pensaba que los objetos determinaban al sujeto cognoscente. Con Kant, se eliminan los últimos resabios de realismo aristotélico. La relación objeto sujeto, dentro del conocimiento, va a ser una relación cerrada en donde ambos se implican.

Al terminar mis estudios de Derecho creí en la teoría de la “división de poderes” sostenida por Montesquieu, en donde la soberanía siendo una unidad para su ejercicio se divide en tres poderes. Había recibido tal teoría sin critica alguna y había leído al constitucionalista Tena Ramírez y a toda la tradición mexicana del Derecho. Hubieron de pasar años de estudios filosóficos en este tema desde Platón, Aristóteles, Hobbes, Rousseau, Montesquieu y todos aquellos pensadores relevantes que tienen que ver el tema para darme cuenta que hacía falta una revolución copernicana en la política mexicana para poner en orden la adopción de la teoría de la “división de poderes”.

Es increíble que se siga sosteniendo la división de podres en la constitución política mexicana cuando ya es insostenible tal cosa. Montesquieu le otorgaba de manera rígida una función a cada órgano. Al legislativo le atribuía la creación de leyes, al ejecutivo la aplicación de leyes en el ámbito de la administración y al judicial la aplicación de las leyes en la impartición de justicia. Sin embargo, radicando la soberanía esencial y originariamente en el pueblo, es decir siendo una unidad no se deriva rectamente de esto que se pueda dividir ya que esto es disgregar el poder mismo en detrimento del pueblo soberano. Tal es el caso del pueblo mexicano donde los políticos han usurpado la soberanía popular en su beneficio particular. Esta es una de las razones (que no la única) por la cual se ven tantos y tantos abusos en la política.

Es evidente que la soberanía no puede ser dividida por ser inalienable, es decir, no se puede ceder, vender o trasladar del pueblo a los órganos (poderes), y tampoco se puede dividir por ser imprescriptible, es decir, que no pierde su vigencia por el mero transcurso del tiempo. De la misma manera se puede ver que los órganos del Estado mexicano no tienen una función exclusiva sino que tienen un estrecha colaboración en el funcionamiento del mismo. Por ejemplo, el ejecutivo crea reglamentos para la exacta observancia de la ley; el Senado concurre junto al ejecutivo para algunos nombramientos de funcionarios públicos federales y el judicial crea jurisprudencia con la cual se va a impartir justicia así como su presupuesto con el que va a funcionar. He aquí mi pequeña, a secas, revolución copernicana en la teoría “división de poderes” en la política mexicana, adoptada desde la promulgación de la constitución de 1824. 

Por lo pronto invito a los estudiosos del tema a pensar, analizar la teoría de “división de poderes”, en beneficio de la nación mexicana y corregir este coto de usurpación del poder al pueblo mexicano y en consecuencia, acotar el poder arbitrario de los políticos y someterlos a un sistema verdaderamente democrático. No hay propiamente tres podres sino tres órganos que ejercen la soberanía popular. El pueblo nunca les da o cede o traslada su potestad soberana sino que es una simple división del trabajo, una especialización de los órganos para el funcionamiento del Estado mexicano.