En México el pueblo soberano ha sido sujetado a la
tiranía de los gobernantes en general. No se justifica el cerco tan aparatoso y
con una anticipación tan desastrosa sobre el Congreso de la Unión para la toma
de Enrique Peña Nieto el uno de diciembre de dos mil doce. Esto es increíble ya
que el gobierno en sus diferentes niveles debe de manera categórica observar
las leyes de toda índole y a mayor razón las leyes constitucionales. El primer
artículo que viola el gobierno federal de Felipe Calderón es el artículo 11
constitucional:
Artículo
11. Toda
persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por
lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos
residentes en el país.
De
este numeral no se colige que el gobierno federal tenga sustento para cercar de
manera militar una parte del territorio nacional sin ninguna justificación ni
real ni legal. En la realidad no se sostiene que el cambio de titular del
órgano Ejecutivo, a menos que este el crimen organizado o un grupo de
insurgentes amenazando el poder constituido. Por el lado jurídico no tiene
sustento que desde una semana antes se desprecie al pueblo e imponerle la
brutalidad vía el Estado Mayor Presidencial.
Asimismo,
el artículo sexto constitucional preceptúa:
Artículo
6o. La
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
No
solo se viola el libre transito sino la libre expresión ante los órganos
Ejecutivo y Legislativo en territorio que debería ser libre. Todo porque dicen
se debe dar una imagen civil ante el mundo. Ese argumento es una vergüenza,
solo se guardan las apariencias y se omite ver la realidad de un pueblo azotado
políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente entre otras cosas por
una clase divinizada, la política en conjunción con la burguesía timorata.
Ahora
bien, el pueblo mexicano tiene el derecho de asociarse y de protestar en
materia política con el debido respeto, en efecto, el respeto a la cosa publica
es, un requisito para poder protestar además de ser pacifica la protesta, sin
violencia alguna. A la fecha actual no ha sido agredido ningún funcionario
publico y las protestas han sido pacificas. Es el gobierno federal quien ha
violentado el Estado de Derecho, sin ninguna justificación de hecho ni de
derecho.
Artículo
9o. No
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada,
tiene derecho de deliberar.
No
se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de
violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que
se desee.
Para
finalizar se tiene el articulo 29 constitucional que señala categóricamente los
casos, el procedimiento y las condiciones por las cuales se podrá restringir o
suspender en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que
fuesen obstáculo para enfrentar la invasión, perturbación grave de la paz publica
o cualquiera otro que ponga en grave o conflicto. En el caso concreto ninguna
de las hipótesis se han actualizado como para que se hayan restringido el
derecho al libre transito y la manifestación alrededor del congreso General, máxime
que se ha hecho con un simple madruguete con base al miedo producido por la
mente frívola de Calderón e incondicionales.
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría
General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la
Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o
suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y
las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada
persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de
receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los
derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento,
conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud
y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y
garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta
Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en
todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación.
Cuando
se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y
garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso,
todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia
quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones
al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los
decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán
revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su
constitucionalidad y validez.
El
gobierno mexicano en sus tres niveles solo conoce la brutalidad tiránica para
sostenerse en el poder. No hay una democracia en México. Se dice que el
gobierno entrante fue electo por la mayoría de los mexicanos en elecciones
limpias de manera categórica, eso es falso. Si eso fuera cierto el presidente
en funciones y el electo recibirían el amor popular. Tal cosa no es así. Ambos,
Calderón y Peña son, de manera irrefutable calamidades para el pueblo mexicano.
Esto
nos lleva a colegir sin duda alguna que ene México el gobierno en turno es
tiránico. Los hechos son irrefutables. Políticos y gobernantes con sueldos
abundantes, ofensivos y para el pueblo sueldos que convierten el ser humano en
vil mercancía. Para los políticos y gobernantes leyes que les permiten
impunidad cuando cometen crímenes en sus actividad tanto pública como privada y
para el pueblo leyes y actos severos para mantenerlos a raya, es decir, en su
pobreza y postración como vil mercancía como vil ganado que se puede ordeñar a
placer. Para los políticos y gobernantes el elogio vano y el voto duro y
permanente, para el pueblo la indiferencia después del voto conseguido. Para
los políticos y gobernantes el negocio de los bienes y servicios públicos al
mejor postor, para el pueblo el trabajo informal, duro, cuando no, solo la
delincuencia. Para los políticos y gobernantes la educación y la seguridad médica
de calidad a cargo del erario, para el pueblo, educación y la seguridad social ínfima
y de mala calidad. Para los políticos y gobernantes vehículos blindados y servicios
a cargo del erario, para el pueblo los gettos por toda la republica, la inmigración dolorosa, ofensiva y mortal, la policía
y las balas como pan de cada día.
Digo
que es una violación a los derechos constitucionales de los mexicanos que
mientras escribo esto tímidamente han abierto algunas vialidades como respuesta
al rechazo ciudadano. Parece que este será el ambiente de relación con el
gobierno entrante. Una cosa debe entender el gobierno en sus tres niveles, no
se podrá reinaugurar el presidencialismo ni la tiranía sin lucha con
consciencia soberana.
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